terça-feira, 17 de novembro de 2009


TERRORISMO OFICIAL



Por Cecilia Villafañe, Argentina

La política de terrorismo de estado actual instaurada por la dictadura militar hondureña, que busca inútilmente enmascararse bajo un fachada de régimen civil, pero que en realidad es operacionalmente dirigida por el violento sociópata Romeo Vásquez Velásquez, quien desde ya ha sido señalado ante la Corte Penal Internacional como responsable de los asesinatos, violaciones, y torturas de miles de hondureños, son perfectamente reconocibles como extrapoladas del manual de la guerra fría de los años ochenta en Honduras.

Los cinco generaloides golpistas que dirigen las fuerzas armadas hondureñas no han tenido que hacer mucho para inaugurar el estado de terror bajo el cual están viviendo los hondureños hoy en día, pues sencillamente han sacado los viejos albumes de fotos y los cruentos manuales de operaciones que les facilitó Billy Joya, un triste esbirro de la CIA al que la corrupta administración judicial hondureña no ha querido procesar como se merece.

Luego de desempolvar los maldecidos documentos, y extenderlos fielmente sobre la mesa que les sirve de apoyo para planear las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes, el resto es fácil, y las novedades son pocas, aunque podemos mencionar la sorpresa que causa el enterarse que los serviles jefes militaroides se arrogan ahora hasta la potestad de llamar unas elecciones que, siendo a todas luces fraudulentas, no van a poder salvarlos de la persecución penal internacional, de la que quizás podrán burlarse por un tiempo, más no por mucho, o que les cuente Fujimori alguna anécdota.

Remontemos un poco el río de la Historia:

En abril de 1982, basándose en las recomendaciones de un seminario militar conjunto EE.UU- Honduras, las fuerzas armadas hondureñas cedieron el control de la Unidad Especial de las Fuerzas de la Seguridad Pública, FUSEP, a una división de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas. Según un documento desclasificado de la CIA, «el propósito de este cambio fue mejorar la coordinación y el control, disponer de mayores recursos personales e integrarse en la producción de la INTEL (inteligencia)».

Con este cambio, la Unidad Especial cambió también su nombre a Batallón de Inteligencia 3-16, cuerpo paramilitar clandestino responsable de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, constituido a imagen y semejanza del Batallón 601 y que originalmente fue entrenado por el FBI y la CIA, Argentina y Chile.

Veamos el presente: las Fuerzas Armadas una vez más han absorbido a la Policía Nacional, la cual ahora ya no puede llamarse civil, pues su militarización está plenamente demostrada, hasta en casos jocosos y deslumbrantes como es el de aquel bocazas de apellido Molina, quien se refería a sí mismo como un militar, a pesar de ser en aquel entonces un oficial de policía.

El 2 de enero de 1984, el cruento sociópata Álvarez Martínez firmó los acuerdos ministeriales de defensa nacional y seguridad pública que crearon oficialmente y asignaron personal al Batallón 3-16. Numerosos integrantes procedían de las FUSEP, y aunque con otro nombre, seguía aplicando las mismas tácticas represivas, incluso con mayor precisión. La fachada civil para sostener económicamente parte del aparato represivo clandestino y paramilitar era la Asociación para el Desarrollo de Honduras (APROH).

Un documento desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos titulado «Organización de Inteligencia de Honduras (U)» indica que el Batallón 3-16 había «establecido centros secretos de operaciones en las principales ciudades y [estaba] trabajando en estrecha colaboración con la DNI y su red de agente e informantes».

Según el informe, «la Compañía de Contrainteligencia (CI) es la parte más desarrollada del MIB (Batallón de Inteligencia Militar), y aparentemente disfruta de la mayor prioridad. La Compañía CI no es grande, probablemente cuenta con menos de 50 miembros.

La mayor parte del personal que trabaja en la Compañía CI son agentes de la DNI, [tachado]. La misión principal de la Compañía CI es desarrollar la inteligencia, por medios secretos, en lo concerniente a grupos, facciones o individuos subversivos y antigubernamentales que puedan constituir una amenaza».

Algunos miembros del Batallón 3-16 recibieron entrenamiento en operaciones psicológicas y técnicas de «explotación de recursos humanos» de instructores de la CIA, incluyendo ejercicios prácticos en los que se interrogaba a prisioneros reales. Un artículo del New York Times que informaba de que los interrogadores hondureños entrenados por Estados Unidos torturaban sistemáticamente a los prisioneros bajo su custodia puso en el punto de mira estos entrenamientos en 1988.

Este organismo operaba en colaboración con la FUSEP y la DNI (Dirección Nacional de Investigaciones) en la eliminación “de todas las personas que causaran problemas a las Fuerzas Armadas de Honduras o que fueran incorregiblemente comunistas”, según explica un documento de un organismo de derechos humanos.

Entre los entrenadores más conocidos están el agente del Batallón 601, Ciga Correa, que ya había colaborado con la DINA en el asesinato del Gral Carlos Prats y había entrenado a la Alianza Anticomunista Argentina AAA junto con Seineldín.

Fue entrenador de la exclusiva escuela de Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería EEBI de los oficiales somocistas y pagador de la inteligencia argentina en Centroamérica. Fue reconocido como uno de los entrenadores del Grupo de los Catorce, un antecedente del Batallón 3-16. Según un documento desclasificado de la CIA, en septiembre de 1987, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas, Gral. Humberto Regalado, ordenó la disolución del Batallón 3-16. No obstante, creó otra unidad de contrainteligencia que conservó parte de las funciones y del personal del Batallón.

En Honduras, «Batallón 3-16» se había convertido en sinónimo de cualquier actividad similar a la de los escuadrones de la muerte. Muchos activistas de derechos humanos hondureños y de otros países difundieron y atribuyeron todos los secuestros, desapariciones y asesinatos sucedidos en Honduras durante los 80 al «Batallón 3-16», por la notoriedad que había adquirido a lo largo de los años.

Esta organización fue responsable por el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de por lo menos 184 estudiantes, profesores, periodistas, y activistas de derechos humanos hondureños en los años 80.

Recientemente, las investigaciones se han centrado en el mando y el control de ciertos oficiales militares hondureños la responsabilidad de los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus subordinados. Entre ellos, destacan los antiguos dirigentes del Batallón 3-16, el Teniente Coronel Luis Alonso Discua Elvir, el Comandante Inocente Borjas Santos y el Teniente Coronel Luis Alonso Villatoro Villeda.

Otros oficiales militares sospechosos de violar estos derechos son Alexander Hernández, Billy Joya Amendola y Juan Evangelista López Grijalba.

Regresemos al presente una vez más: además de haber absorbido plenamente a la Policía Nacional, que ahora puede llamarse ‘policía militarizada’, el hoy generaloide golpista Romeo Vásquez Velásquez ha interpuesto sus malos oficios y miedo a la justicia para crear un nuevo Batallón 3-16, con un nombre que nos recuerda que los militaroides han gastado completamente la creatividad: ‘Batallón 14+5'.

Según miembros del propio Batallón 14+5 que han estado en contacto con líderes de la Resistencia, al menos un tercio de sus miembros están bajo amenaza de muerte en dicho batallón clandestino, y no se les permite salir de francos, lo cual estaría dejándolos en categoría aún más peligrosa que la de un reo, pues los miembros de esta unidad militar están obligados a ejercer el sicariato extrajudicial, aún en contra de sus expresos deseos.

Según los miembros, el nombre del Batallón traza sus orígenes a los catorce comandos militares especializados en contrainsurgencia que fueron cuidadosamente escogidos por el criminal Romeo Vásquez Velásquez para derrocar por medio de las armas al Presidente Manuel Zelaya, al que se adosaron 5 comandos policiales procedientes del Comando Especial Cobras, COECO, para violentar el Estado de Derecho en Honduras, remover como sólo los psicópatas pueden a un civil desarmado de su casa, arrastrarlo a golpes a otro país, y sentar en el sillín presidencial, siete horas depues del golpe militar, a un monigote servilista, ganándose con ello un sitial preferido en el Museo del Golpe Latinoamericano.

Con el Batallón 14+5 de Romeo Vásquez Velásquez nuestra querida América Latina no hace sino recordar de manera dolorosa que el poder asaltado por violentos psicópatas no es poder, si no mas bien, una abominación humana de lo más cruel y deleznable.


*

CIDH exhorta al gobierno de facto
a garantizar la vida de
defensores y defensoras de DDHH


Por Defensores en Línea

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado de Prensa emitido al término de la culminación de su 137 período de sesiones, exhorta a las autoridades del gobierno de facto a garantizar la seguridad, vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular, del personal del COFADEH y sus familiares.

En relación a Honduras, la CIDH considera que es indispensable restituir al Presidente Manuel Zelaya y restablecer el orden constitucional quebrantado con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos.

La CIDH recibió información actualizada durante estas sesiones que indica que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en ese país se deteriora día a día, en el contexto de otras violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado.

Se indicó que los defensores y defensoras de derechos que mantienen una actitud de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de facto son amenazados, hostigados, difamados y acusados públicamente.

Agregaron que ha habido atentados contra sus viviendas y las de sus familiares, así como contra las sedes de organizaciones de derechos humanos. En particular, la CIDH tomó conocimiento que personas desconocidas vigilan la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que funcionarios de COFADEH y sus familiares han recibido llamadas intimidatorias y han sido objeto de seguimientos.

También se conoció que bombas lacrimógenas fueron lanzadas hacia adentro de la sede cuando había allí 127 personas, en momentos que se tomaban testimonios. Asimismo, la Presidenta de COFADEH habría sido acusada públicamente por el delito de traición a la Patria como consecuencia de la información que presentó en la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en este período de sesiones.

En estas circunstancias, la CIDH exhorta a las autoridades del gobierno de facto a garantizar la seguridad, vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular, del personal del COFADEH y sus familiares, como así también implementar las medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad de las sedes de esa organización.

Asimismo, la CIDH recuerda que en función de lo estipulado por el artículo 61 del Reglamento de la Comisión, el Estado “no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Por otra parte, el 7 de octubre de 2009, el gobierno de facto de Honduras publicó en la Gaceta oficial el Acuerdo Ejecutivo número 124-2009, que instruye a “CONATEL y demás órganos competentes del Estado” para que procedan, “a efectos de proteger la seguridad nacional en función de los grandes intereses de la patria, los bienes, la integridad física y moral de la persona humana”, a “revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes” otorgados por CONATEL a los operadores de radio y televisión que “emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”. La CIDH observa con preocupación que este Decreto continúa vigente y que, como consecuencia de su aplicación, se habrían cancelado al menos tres programas de radio, afectando el derecho a la libertad de expresión de los habitantes de Honduras.

La CIDH reitera al gobierno de facto que debe garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras, especialmente en el marco del próximo proceso electoral, absteniéndose de implementar las prácticas que la CIDH constató y condenó durante su visita y con posterioridad a la misma, que resultan violatorias de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión y derecho de reunión, entre otros.

Finalmente, la CIDH reitera la importancia de que el sistema interamericano avance hacia la aceptación y aplicación universales de sus normas a través de la ratificación de sus diversos instrumentos regionales de derechos humanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH alienta a los Estados a avanzar en la ratificación de los siete instrumentos interamericanos de derechos humanos, de manera de alcanzar su universalización.

En otro orden, la CIDH decidió las fechas de los períodos de sesiones que tendrán lugar en 2010: el 138 será el 28 y 29 de enero; el 139 será del 15 al 26 de marzo; el 140 será del 12 al 16 de julio, y el 141 será del 20 de octubre al 5 de noviembre. Habrá audiencias y reuniones de trabajo en el 139 y el 141 períodos de sesiones. Además de las presentes sesiones, durante 2009 la CIDH celebró el 134 período de sesiones del 16 al 27 de marzo, el 135 del 3 al 8 de agosto, y el 136 del 7 al 8 de septiembre, en Argentina.


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