Suprema Corte de Honduras diz que
embaixada do Brasil está segura

Parlamentares na Corte. Foto: Luiz Alves.

Por Rodrigo Bittar
Enviado especial a Honduras

01/10/2009 13h12

Presidente da Suprema Corte afirma que Zelaya foi destituído pela Justiça em cumprimento à Constituição.

Tegucigalpa - O presidente da Suprema Corte de Justiça de Honduras, Jorge Alberto Rivera Aviles, garantiu nesta quinta-feira que não haverá invasão à embaixada brasileira no país nem agressão a qualquer pessoa que estiver no prédio. Aviles disse que o objetivo do cerco à embaixada é proteger as pessoas que estão lá dentro. "Não existe em Honduras ninguém mais protegido que Zelaya e sua família, além das pessoas que estão na embaixada do Brasil", afirmou o ministro.

O governo de Honduras impôs um cerco militar à embaixada brasileira, onde está abrigado o presidente Manuel Zelaya, deposto no último dia 28 de junho.

Aviles disse ainda que a responsabilidade pela deposição de Zelaya e a convocação de uma nova eleição para o cargo de presidente de Honduras é integralmente da Suprema Corte, em respeito à Constituição.

A comitiva brasileira esteve reunida nesta quinta-feira com os 15 ministros da Suprema Corte de Honduras. Todos os que se manifestaram criticaram o fato de Zelaya estar na embaixada brasileira instigando o confronto político no país. Segundo os ministros, o foco da confusão foi justamente a entrada abrupta do presidente deposto na embaixada brasileira.

Surpresa

Diante da posição dos ministros, o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), coordenador da comitiva parlamentar, afirmou que o governo brasileiro foi pego de surpresa pela entrada de Zelaya na embaixada. "Somos uma missão quase de oposição, já que, dos seis deputados que integram a comitiva, quatro são de partidos de oposição ao governo, mas devemos honrar a verdade e reiterar que tanto o presidente Lula quanto o ministro Celso Amorim foram surpreendidos com a entrada de Zelaya na embaixada."

Os ministros hondurenhos cobraram do governo brasileiro a definição do status de Zelaya na embaixada segundo a Convenção de Caracas de 1954. Jungmann afirmou que o Brasil respeita a convenção, mas que adota uma postura humanitária, de respeito à vida dessas pessoas. Jungmann lembrou ainda que o presidente Lula e Celso Amorim têm criticado o fato de Zelaya ficar fazendo comício na embaixada.

Aviles criticou veementemente as notícias que circularam nas agências internacionais dizendo que a embaixada brasileira corria riscos. Segundo ele, a notícia foi provocada por partidários de Zelaya e prejudicou a imagem internacional do país. O presidente da Suprema Corte afirmou que, em Honduras, não existe imunidade para nenhuma pessoa e que o presidente é tratado como qualquer outro cidadão. "Talvez seja essa a razão pela qual a comunidade internacional tenha dificuldade de entender a situação do nosso país", avaliou Aviles.

Em instantes, os deputados brasileiros se reúnem com a Comissão Nacional de Direitos Humanos de Honduras.

Fonte: Agência Câmara.

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Os deputados brasileiros se reuniram também com integrantes de organizações de direitos humanos no país. Nesse momento estão no Congresso Nacional, segundo boletim que a rádio Globo Honduras acaba de transmitir.

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LA MENDACIDAD
DE LOS DICTADORES

Por Juan Moreno

Micheletti Bain y Vásquez Velásquez han demostrado ser verdaderos maestros de la mendacidad. Tienen una capacidad realmente ilimitada para el embuste y la impostura. ¡Quién les cree a estos señores? Observen amigas y amigos la desfachatez con que emborronan un decreto de eliminación de las garantías constitucionales y declaran estado de sitio por ¡45 días!. Por Dios, ¿En qué mundo viven estos señores? Es que era fácil ver venir el zarpazo que querían propinarle a los medios que han estado informando sobre la realidad del país, en esta crisis que ellos han provocado.

Ahora nos viene el dictador Micheletti, sin esconder su cinismo, que si los otros poderes ( ¿a cuáles poderes se referirá realmente el señor Micheletti?) rechazan el condenado decreto pues ni modo, quedará sin efecto. ¿Por qué no consultó a esos “otros poderes” antes de aprobar el maldito decreto? Allí puso otras firmas de otros supuestos miembros del gobierno, firmas de impostores que nadie respeta. Y se dan todo el tiempo que necesitan, los muy cínicos, para lanzar el golpe destructor contra Radio Globo y Canal 36, sacar a balloneta calada a los campesinos que justamente protestaban en las oficinas del INA, y perseguir y amenazar de muerte a activistas de la Resistencia. De veras, estos impostores profesionales ya no tienen remedio. Lo triste es que el destino de más de siete millones de hondureños está en sus manos.

Pero la Resistencia estará allí, manifestándose de una forma u otra, vislumbrando el día en que los dictadores muerdan el polvo. Porque esta situación no será eterna. Sí, los dictadores morderán el polvo más temprano que tarde. Y la hondureñidad entera enterrará para siempre esa banda de foragidos armados hasta los dientes en que se han convertido las llamadas fuerzas armadas de Honduras.

¡ Todos y todas por la restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales para que termine su período presidencial!

¡Todos y todas por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente!

¡Arriba el Frente Nacio


nal de Resistencia contra el Golpe de Estado!

¡Abajo la dictadura!

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¿Quién podrá defendernos?

Por Anarella Vélez*

El viejo Montesquieu, en su obra monumental “El Espíritu de las Leyes”, nos legó el principio de la división de poderes en el Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial—cada uno de estos independiente en sus funciones e interdependiente en la globalidad constitucional para guardar el equilibrio, a manera de balanza con pesos y contrapesos.

En nuestro país, Honduras, nada de eso existe hoy día. El Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 del estado de sitio --y su aplicación-- nos lo demuestra de manera insólita y rotunda.

El Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 fue emitido por el jefe de Estado de facto Micheletti en Consejo de Ministros el martes 22 de septiembre e introducido al congreso nacional, puesto que éste estaba reunido en período ordinario de sesiones. El artículo 187 de la Constitución de la República –que se refiere a la suspensión y restricción de garantías individuales, su procedencia y forma de decretarse—establece que el congreso nacional “En caso que estuviere reunido, conocerá inmediatamente del Decreto”.

Este Decreto Ejecutivo fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”el 26 de septiembre/09 sin haber sido discutido ni aprobado por el congreso nacional, que debió conocerlo “inmediatamente” por mandato constitucional. Han pasado cinco días, desde que se puso en ejecución el estado de sitio, y el congreso nacional no ha hecho nada en cuanto a su obligación de discutir, aprobar, denegar o modificar ese decreto, en ejercicio de su función legislativa.

En cambio, en franca violación del artículo 187 CR, el presidente y demás miembros de la directiva del congreso nacional, junto con otros diputados, decidieron reunirse con el jefe de Estado de facto Micheletti “para pedirle respetuosamente” que derogue el Decreto, cuando la única función del Legislativo es, en este caso, conocer el decreto, y de ninguna manera negociar políticamente con el Ejecutivo su anulación. Al hacer esto, la directiva del congreso y sus acompañantes han violado la Constitución e incurrido en responsabilidad penal, que habrá de deducírseles.

Por si esto fuera poco, el jefe de Estado de facto Micheletti y los secretarios de Estado firmantes del Decreto también han violado la Constitución al imponer un estado de sitio, del todo ilegal, que vulnera los artículos 73 y 74 de ésta, y que se refieren a la protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento y a la prohibición de restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos. Garantías constitucionales dadas para proteger la libertad de expresión, pero especialmente para proteger la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.

El jefe de Estado de facto Micheletti, los secretarios de Estado que firmaron el decreto y los funcionarios que han ordenado y ejecutado acciones contra los medios de comunicación social son responsables ante la ley, y por lo tanto, sujetos de juzgamiento en los tribunales penales de la República, o, en su defecto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal internacional.

El presidente y directivos del Legislativo y los diputados comparsas, en sumisión al jefe de Estado de facto Micheletti, se han puesto de acuerdo –pisando una vez más la Constitución-- para que éste consulte a la Corte Suprema de Justicia sobre la suplicada anulación del decreto de marras. O sea una función inadmisible del Ejecutivo, pues atropella a dicha Corte al pedirle que actúe políticamente en detrimento y negación de la función judicial, que le es exclusiva.

Si la Corte Suprema de Justicia atendiera al jefe de Estado Micheletti y emite la opinión política solicitada, sus magistrados cometerían, definitivamente, el delito de prevaricación.

La Fiscalía de Derechos Humanos ha presentado, al efecto, un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto PCM-M-016-2009, en tanto que la Fiscalía para la Defensa de la Constitución no hace nada al respecto. Esto sucede en esta Honduras, ajena, donde se impuso una “sucesión constitucional” (golpe de Estado militar) ¡para defender a la sociedad y hacer prevalecer la Constitución y las leyes!

Fonte: Tiempo.

* Anarella Vélez
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