ELEIÇÃO EM HONDURAS

Editorial TIEMPO
Raimundo López
Galel Cárdenas
Isabel C. Morales

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Campaña controlada

Para quienes duden de que el pueblo hondureño está en un régimen dictatorial, basta con atenerse a la orden del gobierno de facto, por medio de la Secretaría de Seguridad, que obliga a la población a obtener permiso de la policía para efectuar cualquier reunión o manifestación pública.

La orden es que para toda reunión pública debe solicitarse permiso, por escrito con 24 horas de antelación, según sea el caso, a las jefaturas de la Policía Nacional regionales, metropolitanas, departamentales o municipales. Todo esto, según el gobierno de facto, con el propósito de “proteger las reuniones, manifestaciones y otras actividades públicas, procurando que no se perturbe la seguridad de las personas”.

Según la Secretaría de Seguridad, esta disposición se fundamenta en lo establecido a este respecto en la Constitución de la República y la Ley de Convivencia Ciudadana. Sin embargo, en el fondo tal disposición contraría el espíritu de la Carta Magna, que garantiza los derechos de asociación y de reunión, aunque “las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público”.

La Constitución de la República establece a este respecto:

“Artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y las buenas costumbres”.

“Artículo 79. Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.

“Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público”.

En la historia de la actividad política en Honduras, particularmente durante los períodos de campaña electoral, los derechos de asociación, de reunión y de manifestación pública han sido garantizados de manera absoluta, “sin necesidad de aviso o permiso especial”, excepto durante la dictadura del general Tiburcio Carías Andino (1933-1949).

En los restantes gobiernos, y sobre todo en los de las últimas tres décadas, las reuniones y manifestaciones públicas –políticas o no—han sido libres, sin controles policiales, excepto en el presente régimen de facto, cuya regulación al respecto confirma una vez su ejercicio dictatorial, ya sea torciendo la ley o aplicándola con restricción para impedir la libertad de expresión.

Es evidente que la finalidad de esta regulación policial se ha ordenado con el fin de impedir las reuniones y manifestaciones de la Resistencia Democrática Nacional, una vez que, aparentemente, fue derogado el estado de sitio, pero que sigue vigente a través del Acuerdo Ejecutivo 124-2009, que inconstitucionalmente faculta a los militares y a la policía para coartar le libertad de emisión del pensamiento y la libertad de empresa de comunicación social, y de la disposición de referencia.

Una contradicción, además, en lo relacionado con la proclamada voluntad gubernamental de garantizar la transparencia y la libre determinación del pueblo hondureño en las elecciones programadas para el próximo 29 de noviembre, cuya campaña, por lo que se ve, está ahora bajo control policial.

Fonte: Diario Tiempo.

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Crece rechazo en Honduras a
elecciones bajo golpe militar

Por Raimundo López, enviado especial (PL)

sábado, 24 de octubre de 2009

Tegucigalpa, 24 oct (PL) - El rechazo de vastos sectores de la sociedad hondureña a la celebración de las elecciones bajo el gobierno de facto continúa hoy expandiéndose y los candidatos antigolpistas anunciaron su retiro del proceso.

Los opositores a la asonada militar del 28 de junio pasado acordaron ayer desconocer los comicios si no es restablecido el orden constitucional y el presidente electo por el pueblo, Manuel Zelaya.

No es posible participar en unas elecciones bajo la dictadura militar, coincidieron los aspirantes presidenciales Carlos H. Reyes, independiente, y César Ham, del Partido Unificación Democrática (UD).

La última oportunidad de restablecer la legalidad democrática en la nación, el diálogo entre representantes de Zelaya y el jefe del gobierno de facto, Roberto Micheletti, naufragó la víspera tras 15 días de conversaciones.

Los delegados de Micheletti mantuvieron, en esencia, la misma posición contraria a la restitución de Zelaya desde cuando se presentó hace mas de tres meses el plan del mediador, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para resolver la crisis.

Ahogar el diálogo fue para lograr su propósito, que es llegar a las elecciones (el 29 de noviembre) y legitimar el golpe de Estado, dijo uno de los representantes de Zelaya, el abogado Rodil Rivera Rodil.

No obstante, los candidatos opuestos al golpe acordaron ayer retirarse masivamente del proceso electoral de no restablecerse el orden constitucional.

Tal decisión fue adoptada por unanimidad en una masiva asamblea del Frente Nacional contra el golpe de Estado con los postulados a alcaldes, diputados, presidencia y otros cargos de los partidos opositores al régimen de facto.

Junto con los independientes y UD, en la reunión participaron los sectores de los partidos Liberal y Unificación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), defensores de la restitución de la legalidad democrática.

Todas esas fuerzas integran el Frente Nacional junto a las centrales sindicales, campesinas, organizaciones estudiantiles, femeninas, de derechos humanos, entre otras.

La Coordinadora Nacional de Liberales contra el Golpe tiene previsto para este sábado la realización de su tercera asamblea con delegados de todo el país.

El Frente Nacional analizará también hoy sus estrategias de lucha pacífica en las barriadas de esta capital, tras ratificar ayer su oposición a los comicios en las condiciones del régimen militar.

Fonte: Prensa Latina/ocs/rl.

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ELECCIONES GENERALES:
SER O NO SER

Por Galel Cárdenas

El régimen dictatorial de la República mantiene su proyecto político respaldado por el ejército nacional, la policía nacional, los empresarios golpistas, el Partido Liberal y el Partido Nacional, con el objetivo de legalizar la transición del Golpe de Estado a una nueva plataforma jurídica de forma, pero no de fondo.

Este Plan de legalización de la transición de un Estado irregular, a un estado regular, electo por los votantes que concurran a las elecciones, se desarrollará contra viento y marea, bajo una represión sin precedentes en la historia política de los últimos 29 años de elecciones ininterrumpidas.

Las elecciones constituirán una correa de transmisión de legalidad y legitimidad. La presunta legitimidad devendrá del sólo hecho de que los candidatos de los partidos tradicionales obtengan la victoria con cualquier cantidad de votos.

De suyo, las elecciones generales son ilegales y además ilegítimas, ya que al irrespetar el Golpe de Estado (Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General) la decisión soberana del pueblo hondureño en las urnas, en el año de 2005 y no permitir que el Presidente electo “legal y legítimamente” entregue la presidencia al Presidente electo en el año 2009, desautoriza el esperpento y maquiavélico plan de legalización del golpe de estado.

Las elecciones generales propuestas por el grupo que dirige y comanda el golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos hasta este momento, contienen la patraña electoral más escandalosa de los últimos 30 años de justas electorales en Honduras.

Desde la perspectiva moral, legal y legítima las elecciones generales montadas para el último domingo de noviembre próximo conllevan serias y profundas anomalías de todo cuño.


En primer lugar, existe un presidente derrocado que hospedado en la embajada de Brasil, reclama junto a su pueblo la restitución de su mandato constitucional.

La dictadura civil y militar persigue, encarcela, tortura y asesina a los miembros de la Resistencia Nacional. Así mismo, las libertades fundamentales y los derechos humanos universales han sido violados con encono, desprecio y patología morbosa. No existe para la Resistencia Nacional garantías constitucionales que le permitan la libertad de expresión y de movilización popular.

Encuestas y estadísticas no oficiales ni cercanas al régimen terrorista de la dictadura arrojaron el 72% del pueblo en estado de resistencia contra el golpe.

La no restitución del Presidente Mel ha obligado a los candidatos populares a elecciones generales, en primer lugar, a renunciar a sus aspiraciones y desconocer por entero las elecciones fraudulentas que se han programado para noviembre próximo.

Los candidatos presidenciales César Ham, Carlos H. Reyes y candidatos a diputados, alcaldes y regidores de la UD, del PINU, y del mismo Partido Liberal en Resistencia, tienen condicionadas sus renuncias a la referida restitución, por lo cual depondrán sus aspiraciones políticas para desconocer todo resultado en las elecciones generales.

Pero, las votaciones no serán pacíficas si la Resistencia llama a una insubordinación el 29 de noviembre próximo, ya que, por el contrario, si no se realizan acciones de desobediencia civil, serán éstas unas elecciones tranquilas, cínicas y burlescas.

Si las elecciones generales se desenvuelven en un ambiente de condescendencia con el golpismo electoral, la propuesta de legitimación de este plan de reconocimiento será un éxito rotundo.

El resultado será que Elvin Santos y Pepe Lobo, por ausencia de una oposición electoral, serán los virtuales Presidentes de la república, con la más absoluta ventaja para ellos, en el sentido de que forman parte del grupo usurpador de la Presidencia de la República.

Con ello, se desencadenarán varias circunstancias políticas. Entre ellas, en primer lugar, el triunfo del golpe de Estado como estructura política que entrega el poder a uno de los miembros violadores de la Constitución.

Entre otras consecuencias podemos señalar que al cambiar los rostros del golpe de Estado, sustituidas por los nuevos inquilinos presidenciales, se borrará “pretendidadamente” todo vestigio golpista y todo delito constitucional, por lo cual se convertirá en simple historia política de la nación, bajo una especie de noche negra que ha sido sustituida por un nuevo y claro día constitucional.

Sin embargo, el golpe de estado, de manera subterránea seguirá operando como defensa del nuevo gobierno débil, títere y cínico. Otros rostros estarán al mando de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad, es decir toda la estructura represiva correspondiente. De manera que la resistencia nacional será combatida con igual ahínco y desenfrenada violencia legitimada por las elecciones fraudulentas.

Finalmente lo que habrá de determinarse es si la Resistencia Nacional, convertida en Frente Amplio Patriótico, seguirá representando el Ser de la soberanía nacional, o asumirá el No ser de la derrota.

Sería penoso, entonces, que la voluntad general de un pueblo heroico que ha dejado en el camino perseguidos, encarcelados, torturados, desparecidos y asesinados, sucumbiera ante la fuerza de la sin razón y la locura fascista del siglo XXI.

El sendero es largo, sacrificado, pero, al final, el pueblo deberá triunfar sobre el mal y sus engendros demoníacos.

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Tribunal Electoral de
Honduras en Washington

Las elecciones presidenciales se efectuarán el 29 de noviembre en Honduras, sin importar lo que piense la comunidad internacional, y haya un acuerdo o no, es lo que aseguraron miembros del Tribunal Electoral de Honduras en Washington, mientras sostuvieron entrevistas con el Departamento de Estado y con congresistas estadounidenses.

Por Isabel C. Morales

“Nuestro objetivo es que, esté quien esté, o haya estado quien esté, debemos ir a elecciones el 29”, dijo Enrique Ortez Sequeira, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, en una reunión en el Diálogo Interamericano, un centro de refllexión en Washington DC, Estados Unidos.

En su visita por la capital política, los magistrados dijeron que la mejor manera para buscar una solución a la “polarizada” situación que vive el país, es continuar con los planes de las elecciones que se realizarían el 29 de noviembre en Honduras. Aseguraron, además, que se están preparando para que las elecciones sean justas y transparentes.

“Apostémosle a las elecciones, sigamos trabajando con el acuerdo y que se hagan todas las instancias, pero mientras tanto, hay que seguir trabajando para seguir (adelante). No podemos estar sujetos en la preparación de las elecciones a que haya un acuerdo”, dijo el magistrado David Andrés Matamoros Batso. “El 27 de enero hay un nuevo presidente en Honduras, finaliza el período de Manuel Zelaya Rosales. Nuestra obligación constitucional es seguir adelante y garantizarle a los hondureños unas elecciones limpias y transparentes”.

Según los magistrados, ellos pertenecen a un ente independiente del tema político y por eso su propósito es que se realicen las elecciones, y así continuar con el proceso electoral que está amparado por la Constitución de ese país.

Los magistrados señalaron que cuentan con 14.800 observadores internacionales y con unos 20 congresistas estadounidenses de ambos partidos que estarían dispuestos a participar en calidad de observadores.

Ante el escepticismo internacional y poco apoyo, los magistrados buscan también que el Instituto Democrático Nacional de Estados Unidos (NDI, por su sigla en inglés), envíe observadores a las elecciones.

El apoyo de Estados Unidos

En su visita a Washington, los magistrados sostuvieron reuniones con representantes del Departamento de Estado, entidad que ha ofrecido ayuda financiera equivalente a unos 300 mil dólares para el desarrollo de las elecciones, cantidad que los magistrados califican de “pequeña, pero importante”.

“La mayor parte de la ayuda se ha retirado, pero el apoyo en este caso es puntual en materia de capacitación, monitoreo y facilidad de voto para los discapacitados”, dijo Andrés Matamoros Batso, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

Aproximadamente unos 118.000 miembros de mesa de votación han sido capacitados en Honduras para participar en las elecciones.

“¿Qué dijo el Departamento de Estado? Dijo que en este momento no puede decir si va a reconocer o no las elecciones, pero espera que sean limpias, transparentes y honestas”, dijo Matamoros, quien agregó que dependiendo de cómo se lleven a cabo las elecciones, el Departamento de Estado tomaría una decisión de aprobar o no los comicios.

“Nosotros les hicimos ver (al Departamento de Estado), que no está en nuestras manos el acuerdo político, ojalá que se lleve a cabo, pero no comprendemos y además cuestionamos a la comunidad internacional la suspensión de la ayuda y la falta de colaboración. La ayuda es para la transparencia y garantía del libre sufragio”.

Estados Unidos y la Unión Europea han reprochado el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio, y continúan apoyando el Plan Arias, que exige la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, quien se encuentra desde hace un mes refugiado en la embajada de Brasil en la capital hondureña, Tegucigalpa.

Elecciones “para el pueblo hondureño
no para la comunidad internacional”

El apoyo al gobierno de facto a nivel internacional es limitado, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha suspendido a Honduras como miembro del organismo, y Estados Unidos recortó la ayuda económica, pero aun así, los magistrados insisten en que harán todo lo posible para que se realicen las elecciones presidenciales y el 27 de enero tengan un nuevo presidente.

“El Tribunal tiene la sabiduría política y la capacidad técnica para llevar a cabo (las elecciones). Quisiéramos pedirle con toda la comprensión a la comunidad internacional de no opinar sobre los temas políticos, porque en el momento que nosotros opinemos sobre los temas políticos vamos a complicar más el tema electoral”, dijo Ortez Sequeira.

Pero Hugo Noe Pino, hondureño y ejecutivo del Banco Mundial aseguró que hasta que no haya una verdadera solución a la crisis, las elecciones no se deben validar. "Si no hay una restitución del presidente Zelaya y del orden institucional, las elecciones carecen de legalidad y legitimidad", dijo Noe Pino, consejero del director ejecutivo del Banco Mundial, hablando como ciudadano hondureño. "La crisis política no se va a resolver con los deseos de las elecciones si no hay una superación del conflicto político", recalcó.

Fonte: RNW.