DUAS REFLEXÕES
SOBRE HONDURAS
Vicenç Navarro (El Plural)
Jerome Duval (CADTM)
SOBRE HONDURAS
Vicenç Navarro (El Plural)
Jerome Duval (CADTM)
Cual es la causa
del golpe hondureño
del golpe hondureño
Vicenç Navarro*
El Plural
El Plural
Varios medios de información en España han reproducido los argumentos dados por los propios golpistas hondureños para explicar el golpe de estado en aquel país. Tales medios han señalado que el Presidente Zelaya había violado la Constitución, convocando ilegalmente un referéndum para “perpetuarse” en el poder. Se acepta así, la explicación dada por los golpistas, que señalan que la expulsión del Presidente Zelaya ocurrió para impedir que éste convocara un referéndum a fin de alargar su mandato. Un ejemplo de ello es el reportaje del corresponsal de El País en Tegucigalpa, que indicaba que “Zelaya fue derrotado y expulsado el 28 se junio pasado, después de intentar organizar un referéndum para abrir la vía a la reelección, que había sido declarada ilegal por las instancias judiciales” (04.08.09). Según tal reportaje, el golpe tenía por objetivo, pues, evitar que Zelaya se perpetuara en el poder.
Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia.
La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que motivo el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue precisamente que no se cambiara la Constitución.
Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación.
En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre como responder a esta situación. El Partido Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para defender la legalidad.
Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas.
Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en dictatorial. Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema democrático.
Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia.
La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que motivo el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue precisamente que no se cambiara la Constitución.
Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación.
La respuesta de EE.UU.
En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre como responder a esta situación. El Partido Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para defender la legalidad.
Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas.
Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en dictatorial. Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema democrático.
* Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies and Public Policy. The Johns Hopkins University
Fonte: Rebelión.
*
El despertar de la oligarquía
Frente al golpe de Estado de Honduras,
se impone un deber de memoria
para aclarar mejor lo que está en juego
Jerome Duval
CADTM
Frente al golpe de Estado de Honduras,
se impone un deber de memoria
para aclarar mejor lo que está en juego
Jerome Duval
CADTM
Traducido para Rebelión por Caty R.
El domingo 28 de junio de 2009, el ejército irrumpió en el domicilio del presidente Manuel Zelaya, le sacaron de su cama y le expulsaron del país manu militari cuando todavía estaba en pijama. Inmediatamente, el shock del golpe de Estado nos hace pensar en los años tenebrosos de las dictaduras latinoamericanas de los 70 y 80. Podemos citar el derrocamiento de presidentes como el progresista brasileño Joao Goulart en 1964, el socialista chileno Allende el 11 de septiembre de 1973, la argentina Isabel Perón el 24 de marzo de 1976, o el militar boliviano de izquierda Juan José Torres el 21 de agosto de 1971 (la lista es demasiado larga para enumerarla aquí), para establecer sanguinarias dictaduras. Las dictaduras militares de Brasil, de Videla en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia, Juan María Borbaderry en Uruguay, Alfredo Stroessner en Paraguay o Pinochet en Chile, con ayuda de la CÍA, sembraron la persecución de las ideas y los hombres de izquierda: el célebre «Plan Cóndor»... Fue ya hace más de treinta años y, aparte del golpe de Estado abortado gracias a la heroica resistencia ciudadana de Venezuela en abril de 2002, casi parecía que habíamos pasado la página.
En primer lugar es necesario corregir, una vez más, la información que se ha esparcido con respecto a Honduras desde hace un mes. En la difusión de la información las palabras son importantes, y su repetición todavía más. En efecto, con la repetición de afirmaciones falsas se forja un imaginario colectivo que anestesia cualquier posibilidad de duda.
Así, de ordinario, hemos podido leer diversos adjetivos como «caído» (Reuters, Le Monde, RFI, etc.) atribuido a Manuel Zelaya, y continuamente vemos «gobierno provisional» en referencia al gobierno dictatorial de Micheletti a lo largo de los comunicados de prensa.
Zelaya no es un presidente «caído», sino un presidente legítimo, elegido democráticamente en noviembre de 2005, a quien súbita y brutalmente se ha apartado del poder por la fuerza. «Caído» (del latín «caer») tiene una connotación peyorativa. No existe un «gobierno interino», sino una dictadura que ha tomado el poder por medio de un golpe de Estado. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ceñirse a los hechos y no reconocer a un gobierno ilegal según el derecho internacional, como subyace en sus calificativos. El presidente Zelaya, por otra parte, el 28 de julio criticó a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, reprochándole que no emplea el término «golpe de Estado» para calificar su destitución.
Finalmente, insisto en este punto, la «cuarta urna» que quería proponer el gobierno el 28 de junio, día del golpe de Estado, para las elecciones previstas en noviembre próximo, no tenía el objetivo de prolongar el mandato de Zelaya, como afirman abiertamente nuestros periodistas, sino proponer por referéndum la convocatoria y la elección de una asamblea constituyente (1).
La pregunta de la papeleta de voto prevista para esta consulta era: «¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una asamblea nacional constituyente? SÍ o NO» (2).
Para eliminar la limitación del número de mandatos sucesivos que podría pretender el presidente, habría sido necesario que se eligiera la Asamblea Constituyente, ésta se pronunciase favorablemente en ese sentido y, sólo después, se validase la nueva constitución por medio de un nuevo referéndum. Hay que señalar que en Inglaterra, Canadá y muchos otros países denominados democráticos no existe limitación del número de mandatos consecutivos y muy pocos referéndums para cualquier cambio constitucional. Los medios de comunicación utilizaron la misma artimaña en Venezuela...
Gobiernos y medios de comunicación han pasado de la condena al equilibrio entre las dos partes, hasta el punto de considerar a Zelaya como un provocador responsable de posibles violencias.
Más que cualquier otra consideración, la idea de que pueda establecerse una asamblea elegida por el pueblo que modifique la constitución con el fin de hacer más participativa la democracia hondureña, aterró a la oligarquía. Hay que añadir que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en agosto de 2008 en Tegucigalpa, firmó el documento de adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en presencia de las delegaciones de los Estados miembros del ALBA y varios miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y campesinos. Lo que no gustó a la oligarquía. «Luchamos para avanzar. Si ustedes tenían miedo de esta lucha, queridos amigos, adversarios y críticos, ustedes ya perdieron», señaló entonces el presidente Manuel Zelaya subestimando, de esta forma, el poder de esos adversarios. Esa adhesión, sin duda, marcó el giro a la izquierda del presidente hondureño, y la propuesta de una asamblea constituyente lo confirmó.
Menos de un año después de la adhesión al ALBA, el golpe de Estado paró en seco el proceso, apenas iniciado, de la consulta democrática para la nueva asamblea constituyente.
Hay que reconocer que existe un pulso entre dos visiones políticas opuestas. Por un lado Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Honduras, ésta última en proceso de unirse al club; y por la otra parte la oligarquía continental representada, entre otros, por el gobierno colombiano, el peruano y los sectores conservadores americanos que obedecían al presidente Bush. Álvaro Uribe recibió en secreto a una delegación del poder golpista dirigido por Micheletti el 20 de julio (3). Hay que señalar que Colombia acaba de dar luz verde a la instalación en territorio colombiano de cuatro nuevas bases militares estadounidenses en el momento en que vence la de Manta, en Ecuador, y no se renovará, como prometió Rafael Correa (4).
Las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá están rotas desde el 1 de marzo de 2008, día de la intervención del ejército colombiano en el territorio de Ecuador, sin duda apoyado entonces por la base estadounidense de Manta, y Venezuela acaba de retirar, por tercera vez, a su embajador en Colombia.
Podemos estar seguros de que Estados Unidos desplegará toda su influencia en las próximas elecciones colombianas para mantener el control sobre este país estratégico…
Al principio la comunidad internacional rechazó el golpe de Estado, pero en la práctica las sanciones se han hecho esperar: 21 días después del golpe, el 20 de julio, la presidencia sueca de la Unión europea anunció la congelación de los 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria a Honduras, así como la restricción de los «contactos a nivel político con los representantes del gobierno “de facto” de Honduras, hasta que se encuentre una solución negociada» (5).
Por su parte, el 21 de julio, el presidente de facto exigió la salida del embajador de Venezuela en el plazo de 72 horas. A pesar de todo, el diplomático permaneció en su puesto.
Las negociaciones entre las dos partes, iniciadas por Óscar Arias en Costa Rica bajo supervisión de Estados Unidos, se pararon en seco frente a la intransigencia de los golpistas y el lunes de las negociaciones, el 24 de julio, tras 25 días de ausencia, Manuel Zelaya acompañado de varios cientos de militantes en Managua, Nicaragua, cruzó la frontera de su país por Las Manos. Su esposa, Xiomara Castro, sus dos hijos y varios cientos de simpatizantes no pudieron unirse porque se decretó el estado de emergencia en la zona fronteriza. El llamamiento de Zelaya a la insumisión contra Romeo Vásquez Velásquez, jefe del estado mayor del ejército de Honduras, no dio los frutos esperados, y para evitar cualquier enfrentamiento el presidente legítimo de Honduras optó por regresar al lado nicaragüense de la frontera y establecer un campamento con varios cientos de personas en vez de ir a Washington para negociar. Otros ciudadanos hondureños atravesaron la selva en pequeños grupos para evitar a las patrullas de policía e intentaron unirse a su presidente legítimo para cruzar la frontera.
Mientras que la secretaria de Estado Hillary Clinton considera «imprudente» el intento del presidente Zelaya de volver a Honduras, Estados Unidos, que oficialmente desea el regreso de Manuel Zelaya a sus funciones, todavía no ha tomado ningún compromiso en materia de endurecimiento de las sanciones a fecha 28 de julio, un mes después del golpe de Estado.
«La posición de la secretaria de Estado Clinton fue firme al principio. Ahora tengo la sensación de que ya no denuncia realmente el golpe de Estado y de que no se opone con firmeza a la represión que sufre Honduras», declaró Zelaya. Poco después, Estados Unidos anuló los visados diplomáticos de cuatro representantes del gobierno de facto (6).
El 26 de julio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) denunció el asesinato de Pedro Madriel Muñoz Alvarado, de 23 años, que presentaba señales de tortura, durante la represión del viernes 24 de julio contra los manifestantes que se dirigían hacia la frontera para apoyar a Manuel Zelaya. La Comisión condenó firmemente ese acto y exigió una investigación y que se sancione a los responsables.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, miembro de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento en Honduras, del que forman parte, entre otras organizaciones, las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, explicó que «Más de 22 artículos de la Constitución sufren una violación» por el régimen golpista de Micheletti.
Con el sacrificio de su vida cotidiana, los ciudadanos demócratas partidarios de Zelaya permanecen movilizados, a veces en condiciones muy difíciles, en acciones pacíficas cotidianas y resistiendo las constantes agresiones del gobierno golpista. La represión que tuvo lugar el 30 de julio fue especialmente dura. Sin embargo, los medios de comunicación internacionales han permanecido callados. La actitud de Estados Unidos consiste en apoyar las negociaciones de Óscar Arias, quien juega a favor de los golpistas dejando que pase el tiempo.
Con el fin de apoyar y acompañar la resistencia de los campesinos, obreros y del pueblo en general, el CADTM internacional ha decidido, de acuerdo con otros movimientos de solidaridad, enviar una delegación en el mes de agosto.
Descifrar los medios de comunicación
En primer lugar es necesario corregir, una vez más, la información que se ha esparcido con respecto a Honduras desde hace un mes. En la difusión de la información las palabras son importantes, y su repetición todavía más. En efecto, con la repetición de afirmaciones falsas se forja un imaginario colectivo que anestesia cualquier posibilidad de duda.
Así, de ordinario, hemos podido leer diversos adjetivos como «caído» (Reuters, Le Monde, RFI, etc.) atribuido a Manuel Zelaya, y continuamente vemos «gobierno provisional» en referencia al gobierno dictatorial de Micheletti a lo largo de los comunicados de prensa.
Corrijamos, por favor
Zelaya no es un presidente «caído», sino un presidente legítimo, elegido democráticamente en noviembre de 2005, a quien súbita y brutalmente se ha apartado del poder por la fuerza. «Caído» (del latín «caer») tiene una connotación peyorativa. No existe un «gobierno interino», sino una dictadura que ha tomado el poder por medio de un golpe de Estado. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ceñirse a los hechos y no reconocer a un gobierno ilegal según el derecho internacional, como subyace en sus calificativos. El presidente Zelaya, por otra parte, el 28 de julio criticó a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, reprochándole que no emplea el término «golpe de Estado» para calificar su destitución.
Finalmente, insisto en este punto, la «cuarta urna» que quería proponer el gobierno el 28 de junio, día del golpe de Estado, para las elecciones previstas en noviembre próximo, no tenía el objetivo de prolongar el mandato de Zelaya, como afirman abiertamente nuestros periodistas, sino proponer por referéndum la convocatoria y la elección de una asamblea constituyente (1).
La pregunta de la papeleta de voto prevista para esta consulta era: «¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una asamblea nacional constituyente? SÍ o NO» (2).
Para eliminar la limitación del número de mandatos sucesivos que podría pretender el presidente, habría sido necesario que se eligiera la Asamblea Constituyente, ésta se pronunciase favorablemente en ese sentido y, sólo después, se validase la nueva constitución por medio de un nuevo referéndum. Hay que señalar que en Inglaterra, Canadá y muchos otros países denominados democráticos no existe limitación del número de mandatos consecutivos y muy pocos referéndums para cualquier cambio constitucional. Los medios de comunicación utilizaron la misma artimaña en Venezuela...
Gobiernos y medios de comunicación han pasado de la condena al equilibrio entre las dos partes, hasta el punto de considerar a Zelaya como un provocador responsable de posibles violencias.
El continente se crispa
Más que cualquier otra consideración, la idea de que pueda establecerse una asamblea elegida por el pueblo que modifique la constitución con el fin de hacer más participativa la democracia hondureña, aterró a la oligarquía. Hay que añadir que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en agosto de 2008 en Tegucigalpa, firmó el documento de adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en presencia de las delegaciones de los Estados miembros del ALBA y varios miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y campesinos. Lo que no gustó a la oligarquía. «Luchamos para avanzar. Si ustedes tenían miedo de esta lucha, queridos amigos, adversarios y críticos, ustedes ya perdieron», señaló entonces el presidente Manuel Zelaya subestimando, de esta forma, el poder de esos adversarios. Esa adhesión, sin duda, marcó el giro a la izquierda del presidente hondureño, y la propuesta de una asamblea constituyente lo confirmó.
Menos de un año después de la adhesión al ALBA, el golpe de Estado paró en seco el proceso, apenas iniciado, de la consulta democrática para la nueva asamblea constituyente.
Hay que reconocer que existe un pulso entre dos visiones políticas opuestas. Por un lado Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Honduras, ésta última en proceso de unirse al club; y por la otra parte la oligarquía continental representada, entre otros, por el gobierno colombiano, el peruano y los sectores conservadores americanos que obedecían al presidente Bush. Álvaro Uribe recibió en secreto a una delegación del poder golpista dirigido por Micheletti el 20 de julio (3). Hay que señalar que Colombia acaba de dar luz verde a la instalación en territorio colombiano de cuatro nuevas bases militares estadounidenses en el momento en que vence la de Manta, en Ecuador, y no se renovará, como prometió Rafael Correa (4).
Las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá están rotas desde el 1 de marzo de 2008, día de la intervención del ejército colombiano en el territorio de Ecuador, sin duda apoyado entonces por la base estadounidense de Manta, y Venezuela acaba de retirar, por tercera vez, a su embajador en Colombia.
Podemos estar seguros de que Estados Unidos desplegará toda su influencia en las próximas elecciones colombianas para mantener el control sobre este país estratégico…
La ambigüedad del lenguaje diplomático
Al principio la comunidad internacional rechazó el golpe de Estado, pero en la práctica las sanciones se han hecho esperar: 21 días después del golpe, el 20 de julio, la presidencia sueca de la Unión europea anunció la congelación de los 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria a Honduras, así como la restricción de los «contactos a nivel político con los representantes del gobierno “de facto” de Honduras, hasta que se encuentre una solución negociada» (5).
Por su parte, el 21 de julio, el presidente de facto exigió la salida del embajador de Venezuela en el plazo de 72 horas. A pesar de todo, el diplomático permaneció en su puesto.
Las negociaciones entre las dos partes, iniciadas por Óscar Arias en Costa Rica bajo supervisión de Estados Unidos, se pararon en seco frente a la intransigencia de los golpistas y el lunes de las negociaciones, el 24 de julio, tras 25 días de ausencia, Manuel Zelaya acompañado de varios cientos de militantes en Managua, Nicaragua, cruzó la frontera de su país por Las Manos. Su esposa, Xiomara Castro, sus dos hijos y varios cientos de simpatizantes no pudieron unirse porque se decretó el estado de emergencia en la zona fronteriza. El llamamiento de Zelaya a la insumisión contra Romeo Vásquez Velásquez, jefe del estado mayor del ejército de Honduras, no dio los frutos esperados, y para evitar cualquier enfrentamiento el presidente legítimo de Honduras optó por regresar al lado nicaragüense de la frontera y establecer un campamento con varios cientos de personas en vez de ir a Washington para negociar. Otros ciudadanos hondureños atravesaron la selva en pequeños grupos para evitar a las patrullas de policía e intentaron unirse a su presidente legítimo para cruzar la frontera.
Mientras que la secretaria de Estado Hillary Clinton considera «imprudente» el intento del presidente Zelaya de volver a Honduras, Estados Unidos, que oficialmente desea el regreso de Manuel Zelaya a sus funciones, todavía no ha tomado ningún compromiso en materia de endurecimiento de las sanciones a fecha 28 de julio, un mes después del golpe de Estado.
«La posición de la secretaria de Estado Clinton fue firme al principio. Ahora tengo la sensación de que ya no denuncia realmente el golpe de Estado y de que no se opone con firmeza a la represión que sufre Honduras», declaró Zelaya. Poco después, Estados Unidos anuló los visados diplomáticos de cuatro representantes del gobierno de facto (6).
El 26 de julio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) denunció el asesinato de Pedro Madriel Muñoz Alvarado, de 23 años, que presentaba señales de tortura, durante la represión del viernes 24 de julio contra los manifestantes que se dirigían hacia la frontera para apoyar a Manuel Zelaya. La Comisión condenó firmemente ese acto y exigió una investigación y que se sancione a los responsables.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, miembro de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento en Honduras, del que forman parte, entre otras organizaciones, las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, explicó que «Más de 22 artículos de la Constitución sufren una violación» por el régimen golpista de Micheletti.
Con el sacrificio de su vida cotidiana, los ciudadanos demócratas partidarios de Zelaya permanecen movilizados, a veces en condiciones muy difíciles, en acciones pacíficas cotidianas y resistiendo las constantes agresiones del gobierno golpista. La represión que tuvo lugar el 30 de julio fue especialmente dura. Sin embargo, los medios de comunicación internacionales han permanecido callados. La actitud de Estados Unidos consiste en apoyar las negociaciones de Óscar Arias, quien juega a favor de los golpistas dejando que pase el tiempo.
Con el fin de apoyar y acompañar la resistencia de los campesinos, obreros y del pueblo en general, el CADTM internacional ha decidido, de acuerdo con otros movimientos de solidaridad, enviar una delegación en el mes de agosto.
Notas
(1) Para una explicación de la cuarta urna, leer el comunicado de prenda del CADTM: http://www.cadtm.org/spip.php?article4543
(2) Ver http://img20.imageshack.us/img20/2605/encuestan.jpg
(3) http://www.diariocolombia.es/__n804833__Presidente_Uribe_recibe_a_emisarios_de_Micheletti.html
(4) http://www.latinreporters.com/colombiepol17072009.html
(5) Ver http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/47899-union-europea-suspende-ayuda-financiera-a-honduras-.html
(6) Se trata de Roberto Micheletti; el comisario nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López; el dirigente del ejército de Honduras, general Romeo Vásquez Velásquez y el nuevo titular del Congreso del gobierno ilegal José Alfredo Saavedra. http://www.europapress.es/internacional/noticia-honduras-washington-cancela-visados-diplomaticos-cuatro-miembros-gobierno-facto-20090728193834.html
(2) Ver http://img20.imageshack.us/img20/2605/encuestan.jpg
(3) http://www.diariocolombia.es/__n804833__Presidente_Uribe_recibe_a_emisarios_de_Micheletti.html
(4) http://www.latinreporters.com/colombiepol17072009.html
(5) Ver http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/47899-union-europea-suspende-ayuda-financiera-a-honduras-.html
(6) Se trata de Roberto Micheletti; el comisario nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López; el dirigente del ejército de Honduras, general Romeo Vásquez Velásquez y el nuevo titular del Congreso del gobierno ilegal José Alfredo Saavedra. http://www.europapress.es/internacional/noticia-honduras-washington-cancela-visados-diplomaticos-cuatro-miembros-gobierno-facto-20090728193834.html
Fonte: Rebelión.
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Taxistas hondureños se unen a protestas del frente de resistencia contra el golpe de Estado, expresan que permanecerán en paro hasta que regrese Mel Zelaya
Los taxista hondureños hoy se unieron a las protestas que se está desarrollando a nivel nacional el frente de resistencia contra el golpe de estado, solo en Tegucigalpa son unos 7 mil unidades de taxis las que circulan diariamente y a nivel nacional suman unos 19 mil taxis , por lo que este es un gremio bastante fuerte.
Fonte: Honduras Laboral.
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