Altos jerarcas militares y policiales
también podrían enfrentar
el brazo justiciero de la CPI
también podrían enfrentar
el brazo justiciero de la CPI
Por Marvin Palacios
Wednesday, 26 August 2009 14:13
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cuenta con 7 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, anunció en conferencia de prensa, el Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez quien estuvo acompañado por el jurista internacional español, Baltazar Garzón y el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé.
Las 7 comunicaciones es el nombre técnico con el que se conocen en el seno de la CPI, las denuncias que se hacen con crímenes que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional, explicó Pérez.
Señaló que “Honduras ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto la CPI tiene la competencia y el Fiscal puede desarrollar esa investigación si encuentra que los elementos de los que dispone, permitirían deducir responsabilidades penales.
“Aquí se investiga y se condena a personas y no a cualquier persona, no a un soldado, a un policía que asesina o tortura, aquí se investiga y sanciona a los altos responsables de esa violaciones”, sentenció el defensor de derechos humanos.
Pérez junto al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón y al representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, hablaron en conferencia de prensa al cierre de su visita al país, en el que se entrevistaron con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y líderes y dirigentas del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
En torno al estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía hondureña, el presidente de la FIDH, Luis Guillermo Pérez comentó, (refiriéndose al presidente Manuel Zelaya), que si a un jefe de Estado se le violentan sus derechos humanos como se le han violentado sus derechos humanos al presidente Zelaya, ¿qué puede pasar con cualquier otro habitante del territorio hondureño?
¿Qué seguridad jurídica hay para las garantías a la libertad procesal, a un debido proceso, las garantías para no ser expatriado de Honduras?. A cualquier militar que se le ocurra expatriar a cualquier hondureño, puede ser el presidente de la Corte, o el Fiscal General, entonces encontrarán las puertas abiertas para hacerlo cuando les provoque y después con el uso de la fuerza impedir que regresen?, cuestionó el defensor de los derechos humanos.
Por su parte el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé destacó que a través de numerosas reuniones y entrevistas sostenidas han constatado detenciones arbitrarias, lesiones a la vida, lesiones físicas, torturas y violaciones a la libertad de expresión.
En segundo lugar quiero manifestar nuestro absoluto apoyo, confianza y esperanza en las autoridades que deben de juzgar estos hechos que son en primero lugar, las autoridades hondureñas, los jueces y los fiscales quienes tienen la responsabilidad de dar a todas y cada una de las denuncias que se están presentando con nombres y apellidos de los presuntos victimarios que están cometiendo los hechos.
En tercer lugar, para el caso de que no se produzcan y se pueda tratar de alcanzar la impunidad o por sectores interesados en la noticia de impunidad, desde luego ser un crímen internacional y un crimen que nos afecta no solo a los hondureños sino a toda la comunidad internacional.
“Entendemos que debería de tomar cartas en el asunto o de dar traslado a parte de las 7 comunicaciones que ya existen, o bien a la Corte Penal Internacional o bien a cualquier otra jurisdicción con base en el principio de justicia universal”, sostuvo Ollé.
En otras palabras, el abogado trata de explicar que si el actual sistema judicial hondureño, no brinda respuestas satisfactorias a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de las denuncias presentadas en dicho tribunal de justicia.
Finalmente el Juez Baltazar Garzón destacó que se entrevistó con al menos unas 100 personas en Honduras en diferentes sectores, organizaciones sociales, de derechos humanos, políticos, operadores de justicia del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Naciones Unidas y el Cuerpo Diplomático, entre otras.
Garzón destacó que como persona interesada en lo que aquí está sucediendo tenía y con la aproximación inmediata a los hechos y testimonios de víctimas que directamente están sufriendo la agresión o la violación de derechos fundamentales, me han permitido conocer esa situación en una forma más clara y me permite afirmar mi gran preocupación por la situación que se está viviendo en este país.
“En orden a la violación de derechos básicos de los ciudadanos, derechos que afectan a aquellos bienes fundamentales para el ser humano, como son la vida, la integridad física, la integridad moral, psíquica, psicológica, situaciones de muerte, asesinato, lesiones, tortura, malos tratos, vejaciones, violencia de género con especial incidencia en las mujeres, agresiones a la libertad de expresión”, han sido de su especial atención, comentó el jurista internacional.
El juez recalcó los ataques perpetrados contra Radio Globo y Canal 36, cuando expresó que “son un ataque directamente dirigido a impedir la libre expresión de ideas. Eso en un sistema democrático no puede suceder, no se puede consentir, de modo que si acontece y no se investiga y se sanciona en forma contundente, algo no está funcionando bien”.
Agregó que “es muy peligroso y son los ciudadanos y ciudadanas de la nación hondureña las que van a sufrir las consecuencias y con ellos, todos nosotros. Esa situación de riesgo es evidente y yo he visto personas que tienen fracturas de clavículas, fracturas de manos, golpes en rostro, en cuerpo, relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados, y yo no voy a señalar quién o quiénes”.
Las 7 comunicaciones es el nombre técnico con el que se conocen en el seno de la CPI, las denuncias que se hacen con crímenes que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional, explicó Pérez.
Señaló que “Honduras ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto la CPI tiene la competencia y el Fiscal puede desarrollar esa investigación si encuentra que los elementos de los que dispone, permitirían deducir responsabilidades penales.
“Aquí se investiga y se condena a personas y no a cualquier persona, no a un soldado, a un policía que asesina o tortura, aquí se investiga y sanciona a los altos responsables de esa violaciones”, sentenció el defensor de derechos humanos.
Pérez junto al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón y al representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, hablaron en conferencia de prensa al cierre de su visita al país, en el que se entrevistaron con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y líderes y dirigentas del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
En torno al estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía hondureña, el presidente de la FIDH, Luis Guillermo Pérez comentó, (refiriéndose al presidente Manuel Zelaya), que si a un jefe de Estado se le violentan sus derechos humanos como se le han violentado sus derechos humanos al presidente Zelaya, ¿qué puede pasar con cualquier otro habitante del territorio hondureño?
¿Qué seguridad jurídica hay para las garantías a la libertad procesal, a un debido proceso, las garantías para no ser expatriado de Honduras?. A cualquier militar que se le ocurra expatriar a cualquier hondureño, puede ser el presidente de la Corte, o el Fiscal General, entonces encontrarán las puertas abiertas para hacerlo cuando les provoque y después con el uso de la fuerza impedir que regresen?, cuestionó el defensor de los derechos humanos.
Por su parte el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé destacó que a través de numerosas reuniones y entrevistas sostenidas han constatado detenciones arbitrarias, lesiones a la vida, lesiones físicas, torturas y violaciones a la libertad de expresión.
En segundo lugar quiero manifestar nuestro absoluto apoyo, confianza y esperanza en las autoridades que deben de juzgar estos hechos que son en primero lugar, las autoridades hondureñas, los jueces y los fiscales quienes tienen la responsabilidad de dar a todas y cada una de las denuncias que se están presentando con nombres y apellidos de los presuntos victimarios que están cometiendo los hechos.
En tercer lugar, para el caso de que no se produzcan y se pueda tratar de alcanzar la impunidad o por sectores interesados en la noticia de impunidad, desde luego ser un crímen internacional y un crimen que nos afecta no solo a los hondureños sino a toda la comunidad internacional.
“Entendemos que debería de tomar cartas en el asunto o de dar traslado a parte de las 7 comunicaciones que ya existen, o bien a la Corte Penal Internacional o bien a cualquier otra jurisdicción con base en el principio de justicia universal”, sostuvo Ollé.
En otras palabras, el abogado trata de explicar que si el actual sistema judicial hondureño, no brinda respuestas satisfactorias a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de las denuncias presentadas en dicho tribunal de justicia.
Finalmente el Juez Baltazar Garzón destacó que se entrevistó con al menos unas 100 personas en Honduras en diferentes sectores, organizaciones sociales, de derechos humanos, políticos, operadores de justicia del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Naciones Unidas y el Cuerpo Diplomático, entre otras.
Garzón destacó que como persona interesada en lo que aquí está sucediendo tenía y con la aproximación inmediata a los hechos y testimonios de víctimas que directamente están sufriendo la agresión o la violación de derechos fundamentales, me han permitido conocer esa situación en una forma más clara y me permite afirmar mi gran preocupación por la situación que se está viviendo en este país.
“En orden a la violación de derechos básicos de los ciudadanos, derechos que afectan a aquellos bienes fundamentales para el ser humano, como son la vida, la integridad física, la integridad moral, psíquica, psicológica, situaciones de muerte, asesinato, lesiones, tortura, malos tratos, vejaciones, violencia de género con especial incidencia en las mujeres, agresiones a la libertad de expresión”, han sido de su especial atención, comentó el jurista internacional.
El juez recalcó los ataques perpetrados contra Radio Globo y Canal 36, cuando expresó que “son un ataque directamente dirigido a impedir la libre expresión de ideas. Eso en un sistema democrático no puede suceder, no se puede consentir, de modo que si acontece y no se investiga y se sanciona en forma contundente, algo no está funcionando bien”.
Agregó que “es muy peligroso y son los ciudadanos y ciudadanas de la nación hondureña las que van a sufrir las consecuencias y con ellos, todos nosotros. Esa situación de riesgo es evidente y yo he visto personas que tienen fracturas de clavículas, fracturas de manos, golpes en rostro, en cuerpo, relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados, y yo no voy a señalar quién o quiénes”.
Pero sí, hay que tener en cuenta -apuntó Garzón – que quién tiene el poder o la administración y el control punitivo del Estado y por tanto también los medios para prevenir que esas situaciones se produzcan, “tienen la obligación ineludible de atender y de proteger al máximo.
“El principio de igualdad ante la ley, creo que no se está respetando y lo digo con todo respeto hacia las instituciones hondureñas, creo que el sistema judicial que existía antes, durante y después del golpe de Estado, debe de responder en forma independiente ante las demandas que los ciudadanos están produciendo”, señaló Garzón.
El jurista internacional instó respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia para que haga todo lo posible porque el principio de legalidad se respete y que aquellos que tienen la parte más débil, es decir las víctimas que están siendo objeto de persecución, sean protegidas, se investiguen los hechos que se están cometiendo en su contra y se sancione a los culpables, por muy relevantes que sean.
En cuanto a los delitos que se han cometido y que afectan directamente a ámbitos esenciales en la vida de las personas, Honduras no es un país único en el mundo, es un país que forma parte de una comunidad internacional, señaló Garzón.
Lo mismo que España, Nicaragua o lo mismo que Francia, “me da igual cuál sea, lo que aquí ocurra se refleja en la comunidad internacional y no se engañen aquellos que afirman que a nadie le interesa lo que aquí sucede y no crean que dicen verdad, aquellos que afirman que no tenemos que hacer nada aquí, aquellos que somos de fuera”, comentó el jurista internacional.
Y añadió que “cuando se trata de defensa de los derechos humanos no hay fronteras, no hay limitaciones, la protección universal como su propio nombre lo indica y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, es meridianamente clara”.
Los juristas internacionales estuvieron en Honduras el lunes 24 y martes 25 a invitación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) , con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otras.
“El principio de igualdad ante la ley, creo que no se está respetando y lo digo con todo respeto hacia las instituciones hondureñas, creo que el sistema judicial que existía antes, durante y después del golpe de Estado, debe de responder en forma independiente ante las demandas que los ciudadanos están produciendo”, señaló Garzón.
El jurista internacional instó respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia para que haga todo lo posible porque el principio de legalidad se respete y que aquellos que tienen la parte más débil, es decir las víctimas que están siendo objeto de persecución, sean protegidas, se investiguen los hechos que se están cometiendo en su contra y se sancione a los culpables, por muy relevantes que sean.
En cuanto a los delitos que se han cometido y que afectan directamente a ámbitos esenciales en la vida de las personas, Honduras no es un país único en el mundo, es un país que forma parte de una comunidad internacional, señaló Garzón.
Lo mismo que España, Nicaragua o lo mismo que Francia, “me da igual cuál sea, lo que aquí ocurra se refleja en la comunidad internacional y no se engañen aquellos que afirman que a nadie le interesa lo que aquí sucede y no crean que dicen verdad, aquellos que afirman que no tenemos que hacer nada aquí, aquellos que somos de fuera”, comentó el jurista internacional.
Y añadió que “cuando se trata de defensa de los derechos humanos no hay fronteras, no hay limitaciones, la protección universal como su propio nombre lo indica y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, es meridianamente clara”.
Los juristas internacionales estuvieron en Honduras el lunes 24 y martes 25 a invitación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) , con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otras.
Texto e fotos: Defensores en Línea.
*
CPI podría activar investigación contra
ex integrante del batallón de la muerte
ex integrante del batallón de la muerte
Billy Fernando Joya AméndolaPor Defensores en Línea.
Wednesday, 26 August 2009 11:09
El presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez, anunció en conferencia de prensa junto al juez internacional Baltazar Garzón y al defensor de derechos humanos de España, Manuel Ollé que la Corte Penal Internacional (CPI) podría juzgar al ex integrante del batallón de la muerte 3-16, capitán Billy Joya Améndola
El presidente de la FIDH anunció que podría ser investigado y juzgado por las graves violaciones a los derechos humanos que se le imputan, al ex capitán de policía, Billy Joya.
“Lo que nosotros estamos es reclamando una respuesta del sistema judicial hondureño, éstas violaciones de los derechos humanos se cometieron en los años ochenta, estamos en el año 2009 y ¿qué ha hecho el aparato judicial hondureño?, preguntó Pérez.
Si el aparato judicial hondureño no ha hecho nada, de nuevo el ejercicio de la jurisdicción universal en España, se puede plantear contra el señor Billy Joya, y eso lo debe tener muy claro el señor Billy Joya y quienes le han promovido como asesor de seguridad del gobierno de facto.
De comprobarse la partición de Billy Joya en graves violaciones a derechos humanos suscitadas a partir del golpe de Estado del pasado 28 de junio, la CPI podría investigar, documentar y llevar a juicio al ex integrante del batallón 3-16.
En la página de Internet “CUBA DEBATE, contra el terrorismo mediático”, aparece un comentario traducido por Gorka Larrabeiti y dice lo siguiente: A quienes vivieron la guerra sucia de los años 80 en Centroamérica se les helará la sangre al conocer la noticia de que el “ministro consejero” del Presidente de hecho hondureño se llama Billy Joya Améndola.
Recorrer el currículum de Joya Améndola es indispensable para entender la cultura política de la junta golpista presidida por el simpático Roberto Micheletti.
En los años 80 Billy Joya Améndola era uno de los dirigentes principales del Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”.
Cubriendo esta función se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó con certeza de al menos once ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Arranzola”.
Además, se le acusó del secuestro y tortura de seis estudiantes, cuatro de los cuales siguen aún desaparecidos. El secuestro tuvo lugar el 27 de abril de 1982 en la casa del ayudante del Fiscal General de la República, Rafael Rivera, violando la inmunidad del número dos de la justicia del país, usando métodos de la dictadura argentina.
De hecho, si bien no hay pruebas de que Joya Améndola recibiera instrucción en los Estados Unidos, sí las hay de que trabajó en Argentina a las órdenes de uno de los principales represores, Guillermo Suárez Mason, conocido entre otras cosas por ser el principal organizador del secuestro de niños durante la última dictadura. Además obtuvo una beca del ejército hondureño para estudiar en el Chile de Augusto Pinochet.
Posteriormente, desde 1984 hasta 1991 sirvió como enlace entre el ejército hondureño, los represores argentinos y los estadounidenses durante la guerra sucia.
El gobierno español solicitó la extradición de Joya Améndola varias veces desde 1985 a través de Interpol, sin embargo el sistema judicial hondureño (el mismo que ha presentado 18 denuncias contra Mel Zelaya) jamás cursó ninguna de ellas.
Pese a ello, cuando un juez de Tegucigalpa lo acusó de secuestro y tortura en 1994 y se emitió una orden de captura contra él en 1995, fue precisamente en España donde se refugió y se quedó como solicitantes de asilo hasta que en 1998 lo expulsaron. En esos años trabajó como catequista en un colegio de Sevilla.
Hoy es el brazo derecho de Roberto Micheletti.
El presidente de la FIDH anunció que podría ser investigado y juzgado por las graves violaciones a los derechos humanos que se le imputan, al ex capitán de policía, Billy Joya.
“Lo que nosotros estamos es reclamando una respuesta del sistema judicial hondureño, éstas violaciones de los derechos humanos se cometieron en los años ochenta, estamos en el año 2009 y ¿qué ha hecho el aparato judicial hondureño?, preguntó Pérez.
Si el aparato judicial hondureño no ha hecho nada, de nuevo el ejercicio de la jurisdicción universal en España, se puede plantear contra el señor Billy Joya, y eso lo debe tener muy claro el señor Billy Joya y quienes le han promovido como asesor de seguridad del gobierno de facto.
De comprobarse la partición de Billy Joya en graves violaciones a derechos humanos suscitadas a partir del golpe de Estado del pasado 28 de junio, la CPI podría investigar, documentar y llevar a juicio al ex integrante del batallón 3-16.
En la página de Internet “CUBA DEBATE, contra el terrorismo mediático”, aparece un comentario traducido por Gorka Larrabeiti y dice lo siguiente: A quienes vivieron la guerra sucia de los años 80 en Centroamérica se les helará la sangre al conocer la noticia de que el “ministro consejero” del Presidente de hecho hondureño se llama Billy Joya Améndola.
Recorrer el currículum de Joya Améndola es indispensable para entender la cultura política de la junta golpista presidida por el simpático Roberto Micheletti.
En los años 80 Billy Joya Améndola era uno de los dirigentes principales del Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”.
Cubriendo esta función se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó con certeza de al menos once ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Arranzola”.
Además, se le acusó del secuestro y tortura de seis estudiantes, cuatro de los cuales siguen aún desaparecidos. El secuestro tuvo lugar el 27 de abril de 1982 en la casa del ayudante del Fiscal General de la República, Rafael Rivera, violando la inmunidad del número dos de la justicia del país, usando métodos de la dictadura argentina.
De hecho, si bien no hay pruebas de que Joya Améndola recibiera instrucción en los Estados Unidos, sí las hay de que trabajó en Argentina a las órdenes de uno de los principales represores, Guillermo Suárez Mason, conocido entre otras cosas por ser el principal organizador del secuestro de niños durante la última dictadura. Además obtuvo una beca del ejército hondureño para estudiar en el Chile de Augusto Pinochet.
Posteriormente, desde 1984 hasta 1991 sirvió como enlace entre el ejército hondureño, los represores argentinos y los estadounidenses durante la guerra sucia.
El gobierno español solicitó la extradición de Joya Améndola varias veces desde 1985 a través de Interpol, sin embargo el sistema judicial hondureño (el mismo que ha presentado 18 denuncias contra Mel Zelaya) jamás cursó ninguna de ellas.
Pese a ello, cuando un juez de Tegucigalpa lo acusó de secuestro y tortura en 1994 y se emitió una orden de captura contra él en 1995, fue precisamente en España donde se refugió y se quedó como solicitantes de asilo hasta que en 1998 lo expulsaron. En esos años trabajó como catequista en un colegio de Sevilla.
Hoy es el brazo derecho de Roberto Micheletti.
Texto e foto: Defensores em Línea.
*
Resistencia en Honduras cumple
60 días mientras se agrava la crisis
60 días mientras se agrava la crisis
Por Raimundo Lopez, enviado especial (PL)
Tegucigalpa, 26 ago (PL) La resistencia popular contra el golpe de estado en Honduras cumplió hoy 60 días consecutivos, en el tenso ambiente por un nuevo fracaso de una gestión internacional para encontrar una solución negociada a la crisis.
Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó ayer aquí la negativa del gobierno de facto a aceptar las propuestas del Plan de San José, hechas por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en una mediación solicitada por Estados Unidos.
En una declaración al término de dos días de trabajo, el grupo de seis cancilleres y el secretario general, José Miguel Insulza, lamentó "que en esta ocasión no se haya logrado obtener el respaldo al acuerdo de San José".
En ese sentido precisa que "si bien la Comisión considera que se han logrado avances durante la visita, debe reconocer que aún no existe la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del Sr (Roberto) Micheletti y sectores que le son afines".
Apunta que el presidente Manuel Zelaya, mediante sus representantes, y en especial su esposa, Xiomara Castro, reiteró su decisión de aceptar el pacto "en todos sus puntos y su disposición a suscribirlo de inmediato".
Xiomara Castro afirmó hace dos días que el estadista admitió el pacto en un esfuerzo por devolver al país la paz y la tranquilidad, aunque lo reintegraría al poder "atado de pies y manos, como lo sacaron los militares hacia Costa Rica".
En la declaración de este martes no se anuncian nuevas gestiones de la OEA ni pasos futuros de esta para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país.
En tanto, el Frente Nacional contra el golpe de Estado, una vasta alianza de fuerzas defensoras del orden constitucional, convocó a una marcha en la capital este miércoles, cuando se cumplen 60 días de resistencia a la asonada castrense del 28 de junio.
El coordinador general del Frente, el líder sindical Juan Barahona, afirmó que la lucha contra el gobierno de facto y la recuperación del estado de derecho continuará todo el tiempo necesario.
Todo un pueblo está en las calles. La derrota de los golpistas se acerca y por ello mantendremos la lucha, afirmó.
En un comunicado el Frente llamó a respaldar una acción mundial contra el golpe de estado, con acciones previstas mañana frente a las embajadas de Estados Unidos para exigir el retorno a la inmediata institucionalidad democrática en Honduras.
Añade que otros objetivos de esa protesta es la restitución incondicional de Zelaya, exigir castigo para los violadores de los derechos humanos y denunciar el apoyo y la complicidad de organismos de inteligencia norteamericanos en la asonada militar.
Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó ayer aquí la negativa del gobierno de facto a aceptar las propuestas del Plan de San José, hechas por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en una mediación solicitada por Estados Unidos.
En una declaración al término de dos días de trabajo, el grupo de seis cancilleres y el secretario general, José Miguel Insulza, lamentó "que en esta ocasión no se haya logrado obtener el respaldo al acuerdo de San José".
En ese sentido precisa que "si bien la Comisión considera que se han logrado avances durante la visita, debe reconocer que aún no existe la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del Sr (Roberto) Micheletti y sectores que le son afines".
Apunta que el presidente Manuel Zelaya, mediante sus representantes, y en especial su esposa, Xiomara Castro, reiteró su decisión de aceptar el pacto "en todos sus puntos y su disposición a suscribirlo de inmediato".
Xiomara Castro afirmó hace dos días que el estadista admitió el pacto en un esfuerzo por devolver al país la paz y la tranquilidad, aunque lo reintegraría al poder "atado de pies y manos, como lo sacaron los militares hacia Costa Rica".
En la declaración de este martes no se anuncian nuevas gestiones de la OEA ni pasos futuros de esta para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país.
En tanto, el Frente Nacional contra el golpe de Estado, una vasta alianza de fuerzas defensoras del orden constitucional, convocó a una marcha en la capital este miércoles, cuando se cumplen 60 días de resistencia a la asonada castrense del 28 de junio.
El coordinador general del Frente, el líder sindical Juan Barahona, afirmó que la lucha contra el gobierno de facto y la recuperación del estado de derecho continuará todo el tiempo necesario.
Todo un pueblo está en las calles. La derrota de los golpistas se acerca y por ello mantendremos la lucha, afirmó.
En un comunicado el Frente llamó a respaldar una acción mundial contra el golpe de estado, con acciones previstas mañana frente a las embajadas de Estados Unidos para exigir el retorno a la inmediata institucionalidad democrática en Honduras.
Añade que otros objetivos de esa protesta es la restitución incondicional de Zelaya, exigir castigo para los violadores de los derechos humanos y denunciar el apoyo y la complicidad de organismos de inteligencia norteamericanos en la asonada militar.
Fonte: Prensa Latina/lac/rl
Nenhum comentário:
Postar um comentário