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Editorial Tiempo
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Crímenes odiosos
De nuevo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de periodistas en Honduras, esta vez por la muerte de Jorge “Georgino” Orellana, a la vez que considera que en nuestro país existe “una grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa”.
Asimismo, Francia reitera su condena por “este crimen odioso” e insiste –como lo ha hecho en los casos anteriores—en que se aclare este hecho “y que se identifique y se juzgue a sus autores”.
La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para la Justicia, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, también expone la profunda preocupación por estos acontecimientos. “Es una situación alarmante –dice—que el Estado no debe permitir que quede en la impunidad… No hay justificación válida para el Estado que no sea la aplicación de la ley”.
A esto se agrega el comunicado de la Compañía de Jesús en Honduras, con el que denuncia las amenazas de muerte al superior de esta Orden eclesiástica, p. Ismael Moreno, S. I., conocido por la feligresía como padre Melo, y la sistemática intimidación contra el periodista Gerardo Chévez, de Radio Progreso.
Las amenazas contra el padre Melo “obedecen a la protección brindada a una joven ciudadana que fuera violada, presuntamente por policías el 14 de agosto de 2009, cuando participaba en una marcha de protesta, producto de la crisis política que destituyó al ex-presidente Manuel Zelaya”.
Aunque en nuestro medio tal vez no se repara en la magnitud de estas condenas, denuncias y llamamientos al indispensable respeto a la libertad de expresión, lo cierto es que, sin exagerar, el mundo está consternado por lo que ocurre en la sociedad hondureña en torno el ejercicio periodístico y el trastorno de la comunicación social.
El presidente Porfirio Lobo Sosa da muestras de tribulación por esta situación que afecta gravemente a su gobierno y que obstaculiza el proceso de normalización de las relaciones de Honduras con el resto del mundo. Ante el fracaso de las investigaciones policiales, ha solicitado la cooperación de España, Estados Unidos y Colombia.
En su reciente visita a San Salvador para participar en un foro para la juventud, el presidente Lobo Sosa manifestó que su gobierno “está haciendo los contactos internacionales” para que vengan a Honduras agentes especializados en esta clase de investigaciones que puedan colaborar en el esclarecimiento de esos crímenes.
Esta iniciativa es muy acertada, tanto por la necesidad de que se practique una investigación desprovista de las contaminaciones del medio, como por la conveniencia de aportarle credibilidad a los resultados de la pesquisa.
No puede negarse que, en el interior de los organismos de seguridad del Estado, se evidencia una elevada corrupción e imbricaciones con el crimen organizado, según revelaciones del secretario de Seguridad, Oscar Álvarez, en relación con el caso del Gato Negro, sin duda reflejo de una pavorosa descomposición en el ámbito policial.
Asimismo, Francia reitera su condena por “este crimen odioso” e insiste –como lo ha hecho en los casos anteriores—en que se aclare este hecho “y que se identifique y se juzgue a sus autores”.
La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para la Justicia, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, también expone la profunda preocupación por estos acontecimientos. “Es una situación alarmante –dice—que el Estado no debe permitir que quede en la impunidad… No hay justificación válida para el Estado que no sea la aplicación de la ley”.
A esto se agrega el comunicado de la Compañía de Jesús en Honduras, con el que denuncia las amenazas de muerte al superior de esta Orden eclesiástica, p. Ismael Moreno, S. I., conocido por la feligresía como padre Melo, y la sistemática intimidación contra el periodista Gerardo Chévez, de Radio Progreso.
Las amenazas contra el padre Melo “obedecen a la protección brindada a una joven ciudadana que fuera violada, presuntamente por policías el 14 de agosto de 2009, cuando participaba en una marcha de protesta, producto de la crisis política que destituyó al ex-presidente Manuel Zelaya”.
Aunque en nuestro medio tal vez no se repara en la magnitud de estas condenas, denuncias y llamamientos al indispensable respeto a la libertad de expresión, lo cierto es que, sin exagerar, el mundo está consternado por lo que ocurre en la sociedad hondureña en torno el ejercicio periodístico y el trastorno de la comunicación social.
El presidente Porfirio Lobo Sosa da muestras de tribulación por esta situación que afecta gravemente a su gobierno y que obstaculiza el proceso de normalización de las relaciones de Honduras con el resto del mundo. Ante el fracaso de las investigaciones policiales, ha solicitado la cooperación de España, Estados Unidos y Colombia.
En su reciente visita a San Salvador para participar en un foro para la juventud, el presidente Lobo Sosa manifestó que su gobierno “está haciendo los contactos internacionales” para que vengan a Honduras agentes especializados en esta clase de investigaciones que puedan colaborar en el esclarecimiento de esos crímenes.
Esta iniciativa es muy acertada, tanto por la necesidad de que se practique una investigación desprovista de las contaminaciones del medio, como por la conveniencia de aportarle credibilidad a los resultados de la pesquisa.
No puede negarse que, en el interior de los organismos de seguridad del Estado, se evidencia una elevada corrupción e imbricaciones con el crimen organizado, según revelaciones del secretario de Seguridad, Oscar Álvarez, en relación con el caso del Gato Negro, sin duda reflejo de una pavorosa descomposición en el ámbito policial.
Sábado, 24 de Abril de 2010
Fonte: Diario Tiempo (Honduras)
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