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Comunicado

La Plataforma de Derechos Humanos desconoce a la Corte Suprema de Justicia por sus acciones ilegítimas y arbitrarias.

Las organizaciones que conformamos la Plataforma de Derechos Humanos ratificamos ante la opinión pública nacional e internacional nuestra firme posición de desconocer el gobierno de facto impuesto y mantenido por las armas a partir del 28 de junio de 2009 y de igual manera no reconocemos legitimidad a los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, a los diputados del actual Congreso Nacional y a los recién elegidos en una contienda electoral signada por la abstención masiva del pueblo hondureño.

En el caso particular de la Corte Suprema de Justicia, la Plataforma de Derechos Humanos, ha venido documentando hechos que demuestran en forma evidente, la conducta censurable de los magistrados que la integran; y que son muestra inequívoca de su falta de imparcialidad e independencia; condiciones éstas que son connaturales e imprescindibles en el oficio de ser juez; asimismo constituyen las garantías imprescindibles para una impartición de justicia cierta y confiable. La Plataforma se encuentra en capacidad de hacer un señalamiento en contra de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que el pleno de magistrados, contraviniendo normas jurídicas y éticas ha activado de manera descarada y abusiva a favor de aquellos que quebrantaron el orden constitucional y que además son responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La actitud parcializada a favor de los golpistas, demostrada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, se evidencia en los ejemplos que a continuación se detallan:

1. Mediante algunos comunicados públicos, la Corte Suprema de Justicia ha avalado la decisión del magistrado Tomás Arita Valle, de librar orden de captura en contra del Presidente José Manuel Zelaya, designando como autoridad competente a las Fuerzas Armadas de Honduras, en contravención a lo dispuesto por la Constitución y las leyes de la República que designa a la Policía Nacional como entidad idónea.

2. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de pronunciarse mediante resoluciones judiciales, como es su deber constitucional y legal, han prejuzgado al expresar públicamente mediante comunicados, la licitud de la destitución del Presidente Zelaya Rosales; Asimismo iniciaron una ofensiva informativa a favor del gobierno constituido de facto, lo cual compromete su calidad de tribunal imparcial, al tomar partido en forma activa en el conflicto. Ante esto denunciamos que Juez que no es imparcial NO ES JUEZ y por tanto sus actuaciones oficiales carecen de validez.

3. La Corte Suprema de Justicia no ha pronunciado sentencia en buena parte de las acciones incoadas en el marco contextual del golpe de estado, especialmente amparos interpuestos desde hace seis meses por organizaciones de derechos humanos; sin embargo ha sido diligente para publicar comunicados en donde admite de manera anticipada y por tanto ilegal, la tesis golpista de que la destitución al Presidente Zelaya es una “sucesión constitucional”.

4. La Corte Suprema de Justicia públicamente ha expresado desde el mismo 28 de junio que las Fuerzas Armadas han actuado como defensores del imperio de la constitución y en defensa del estado de derecho.

5. Desde el inicio del conflicto, varios jueces han sido sancionados al dictar resoluciones judiciales distintas a la política institucional de defender a ultranza a los autores intelectuales y materiales de delitos de lesa humanidad y lesa patria. Con ello se pone en precario la independencia de todos los demás jueces y se corrompe por completo todo el sistema de justicia hondureño.

6. La colusión del Poder Judicial con los que perpetraron el golpe de estado, ha llegado al extremo que sus autoridades superiores han girado instrucciones a la Jefatura de Personal para que invite a todo el personal laborante que participe en las marchas organizadas por los sectores afines al golpe.

En virtud del desviado proceder de la Corte Suprema de Justicia, la Plataforma de Derechos Humanos, no le reconoce legitimidad alguna, en virtud de que ha dejado de ser garante de derecho, al externar su adhesión a un gobierno usurpador surgido por la fuerza de las armas y sostenido mediante la represión y persecución política.

Tegucigalpa M.D.C.,13 de enero de 2010.