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El golpe de Estado en Honduras además de mantener el país en un estado de fragilidad y dejarlo aislado internacionalmente, ha generado también una situación extremadamente preocupante en cuanto a los derechos humanos.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), más de 4 mil casos de violaciones a los derechos humanos fueron registrados desde el inicio del golpe, incluyendo a por lo menos 30 asesinatos de activistas de la Resistencia, denunciados ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y la CIP (Corte Penal Internacional).
El Comité de Presos Perseguidos y Exiliados Políticos, plataforma que reune a diferentes organizaciones de derechos humanos hondureñas, afirmó recientemente en conferencia de prensa que existirían más de treinta personas que “fueron obligadas a salir del país debido a las amenazas a muerte, los intentos de secuestros y atentados contra su integridad física”.
Para analizar esta difícil situación, Opera Mundi conversó con Gilberto Ríos, Secretario de Formación Política de Los Necios, organización ligada al FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular), quien tuvo que abandonar su país por temor a su vida y pidió omitir su ubicación por razones de seguridad.
- Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado que varias personas tuvieron que abandonar el país por la represión. ¿Es cierto eso?
- Como parte del golpe, son muchos los dirigentes de todos los niveles de la Resistencia que, a raíz de las amenazas y las intimidaciones, tuvieron que tomar fuertes medidas de seguirdad en las propias ciudades donde viven, aunque ya tenemos conocimiento de por lo menos cuarenta miembros activos que tuvieron que dejar Honduras porque su vida estaba en peligro.
- ¿Qué tipo de represión existe en este momento?
- Hay una gama que comprende amenazas a través de llamadas telefónica, secuestro, golpes y tortura, y hasta el asesinato. Con respecto a los años 80, cuándo vivimos una temporada de terror como parte de la doctrina de la Seguridad Nacional, apoyada por el entonces embajador norteamericano John Dimitri Negroponte, ahora los órganos represivos ligados al Estado no atacan sobre todo a los dirigentes más importantes, sino a miembros de la base y a los cuadros intermedios de la Resistencia.
Una verdadera represión selectiva con el objetivo de crear terror entre la población.
- ¿Qué tipo de ayuda reciben los exiliados?
- La Resistencia no tiene la capacidad para apoyar a todas estas personas. No obstante, los movimientos sociales y las organizaciones solidarias con la lucha de la Resistencia en el exterior les están dando su apoyo en esta difícil situación.
- ¿Cuál es la importancia internacional de la resistencia?
- Hicimos un trabajo muy fuerte para configurar un frente internacional de resistencia, cuyos objetivos son romper el cerco mediático, informar sobre lo que ocurre en el país, manifestarse a favor de otras causas y luchas de los pueblos a nivel mundial y también encontrar los mecanismos para ayudar a la población que necesita abandonar el país.
- Se habla poco sobre los derechos humanos en Honduras. ¿Qué otros mecanismos de información existen?
- Por lo general los grandes medios están controlados por corporaciones y en el caso de Honduras, el 98 por ciento está en manos de tres familias. No obstante, hay que reconocer el gran trabajo que hacen las redes de información alternativa. Hemos aprendido a romper este cerco y es importante que cada persona que entre en resistencia, en Honduras o en el exterior, asuma este papel de multiplicar y retransmitir las informaciones a nivel mundial.
Fonte: Rebelión.
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CIDH comprobó ineficacia
de recursos jurídicos en
Honduras tras el golpe de Estado
CIDH comprobó ineficacia
de recursos jurídicos en
Honduras tras el golpe de Estado
Por Dina Meza/Defensores en Línea
Ineficacia de los recursos jurídicos para proteger los derechos humanos que se han visto gravemente violentados con la deslegitimación institucional, desde el 28 de junio anterior, destaca el informe “Honduras Derechos Humanos y Golpe de Estado”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicado este 20 de enero.
La CIDH realizó una visita "in loco" a Honduras del 17 al 21 de agosto, estableciendo oficinas de denuncias en Tegucigalpa, Comayagua, El Paraíso, San Pedro Sula y Tocoa, Colón, donde llegaron cientos de denunciantes que relataron los vejámenes de que fueron víctimas por parte del gobierno de facto, a través de los cuerpos represivos.
En el documento este organismo internacional de derechos humanos condena que pese a los esfuerzos de la comunidad internacional no se haya permitido el regreso del Presidente Zelaya a la Presidencia de Honduras. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.
En ese marco, el informe destaca las innumerables denuncias que se han recibido sobre información que numerosos defensoras y defensores de derechos humanos se encontraban en situación de riesgo, por el papel protagónico que han jugado desde el golpe de Estado.
Obstaculizan labor de los y las
defensores de derechos humanos
defensores de derechos humanos
Asimismo, los defensores hicieron referencia a los obstáculos para el ingreso a centros de detención y otros lugares no habilitados por la ley donde se realizaron detenciones arbitrarias, y a hospitales. También denunciaron las dificultades existentes para el acceso a expedientes judiciales, dado que se requieren gestiones burocráticas que no eran necesarias antes del golpe de Estado.
Para obstaculizar su labor se han utilizado medios estatales para perpetrar hostigamientos en contra de mujeres y hombres que defienden los derechos fundamentales, a través de mecanismos tales como el inicio de investigaciones policiales y judiciales, detenciones arbitrarias, agresiones, intimidación, vigilancia y seguimientos.
La CIDH recibió denuncias que algunas de estas organizaciones de derechos humanos sufrieron cortes de energía eléctrica en sus oficinas, interrupción de las comunicaciones e interceptación de sus cuentas de correo electrónico. Algunas sedes fueron baleadas por sujetos fuertemente armados y se les arrojaron bombas, mientras que otras fueron registradas.
El 22 de septiembre unos 15 policías lanzaron bombas lacrimógenas contra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. Ese día los cuerpos represivos llevaron a cabo un desalojo violento contra miles de personas que se encontraban en las afueras de la Embajada de Brasil, hasta donde llegó el presidente Manuel Zelaya Rosales, el día anterior. Tras esa represión más de un centenar de personas corrió a refugiarse en las oficinas de esta organización, hasta donde pretendieron ingresar los policías, tras el lanzamiento de gases tóxicos.
Debido a varios actos represivos contra miembros del COFADEH, la CIDH emitió medidas cautelares el 17 de noviembre anterior a favor del personal del esta organización y sus familiares, para lo cual pidió información al Estado hondureño en el término de 20 días, sin embargo en ese lapso se han producido más actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra esta personas.
Tolerancia a violaciones de derechos
humanos desde Sistema de Justicia
humanos desde Sistema de Justicia
En el informe la CIDH señala que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
Las autoridades de facto y la Corte Suprema
de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente
la existencia de esas violaciones
de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente
la existencia de esas violaciones
Las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, asociación, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las mujeres y grupos minoritarios se vieron exacerbadas por la falta de una institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, de acuerdo a lo que se expresa en una nota general sobre el informe.
Asimismo el organismo internacional señala que los sectores de la sociedad hondureña que condenan el golpe de Estado le manifestaron su temor a sufrir represalias por parte de los agentes de seguridad y su desconfianza en el actuar de las instituciones que no han condenado enérgicamente la ruptura de la institucionalidad democrática y se han mostrado inactivas frente a las denuncias de conocimiento público.
Las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, del informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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Entrevista a Bertha Oliva, presidenta del Comité de familias de detenidos y desaparecidos de Honduras
“Existen planes de muerte”
“Existen planes de muerte”
Después de las elecciones generales, ¿Cuál es su percepción de la situación en Honduras?
Rechazo hablar de elecciones. El 29 de noviembre, la dictadura organizó un acto público dirigido a medir el grado de aceptación de su barbarie. Durante su fiesta, y después, nunca han cesado las amenazas de muerte y de intimidación. Estamos frente a una derecha macabra y frente a un deterioro acelerado de los derechos humanos. Diversos informes dan fe de graves violaciones: de asesinatos, hostigamientos, registros domiciliarios a personas ligadas a la Resistencia… Sufrimos un cinismo oficial, una manipulación política y mediática brutal que mata. Honduras sigue sometida a los intereses de la oligarquía. Y el problema de fondo, las desigualdades sociales, permanece intacto.
¿Teme usted un recrudecimiento de la violencia contra miembros de la Resistencia?
Tenemos la confirmación de que existen “planes de muerte”. Circulares de las fuerza armadas (FFAA) e igualmente del G-DOS (servicios de información militar) requieren a los alcaldes para que denuncien a los miembros de la Resistencia. Es un arma de doble filo, porque no sólo está amenazada la Resistencia sino también cualquiera que no colabore. Hasta ayer, se perseguía a los eran claramente identificados de izquierda. Las acciones eran ejecutadas por los escuadrones de la muerte y eran menos visibles. Y la impunidad era total. Hoy, la situación es la misma que en el pasado. El primer objetivo de los golpistas, bautizado “operación 72”, pretendía desarticular a las masas. Fue un fracaso. Durante la “operación silencio”, reforzaron la represión. La “operación silencio” consiste en paralizar a las masas para instalar la dictadura. Las ejecuciones son selectivas pero disfrazadas de víctimas del crimen organizado y de la delincuencia común. La situación es terrible. Nosotros trabajamos a favor del “esto nunca más” desde hace 27 años, respaldando a las familias de las víctimas del siglo XX. Y ahora, debemos apoyar a las víctimas del siglo XXI. Pero no capitularemos. La verdad y la justicia no son negociables.
¿Es posible un cambio después de la investidura de Porfirio “Pepe” Lobo?
El entorno de Pepe Lobo está compuesto de militantes fieles a los designios de los halcones del Pentágono. Y no creo que él quiera o pueda desprenderse de ello. Para el Pentágono, es importante vencer en Honduras. Imponer el golpe de Estado y unas “elecciones” que lo legitimen, es una victoria de los Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina con la esperanza de que se produzca el efecto dominó.
Traducido para L’Humanité en español por J. A. Pina. Fonte: Rebelión.
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