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URGENTE
TRES CAMPESINOS
MUERTOS EN
DESALOJO DEL AGUÁN

Continúa el desalojo que comenzó en las primeras horas de la mañana de hoy viernes en el Valle del Aguán, en el atlántico hondureño, con tres muertes confirmadas.

Se trata de dos campesinos que pertenecían a la Cooperativa San Esteban y otro de la Cooperativa Guanchías, según confirmó a Radio Progreso un dirigente campesino, de quien nos reservamos su nombre, atendiendo su petición, pues se encuentran escondidos.

El desalojo se realiza en contra de unas 600 familias agrupadas en cooperativas, ordenado por los terratenientes del sector. Se confirma la detención de unas 40 personas y unas 15 heridas o golpeadas. (k. r.)

Reporte de las 11.30 am. Viernes 8 de enero 2010.
Comunicaciones SJ.
Radio Progreso, Equipo de Reflexión Investigación ERIC.

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Resumen de la jornada
de desalojo en el Aguán

Aproximadamente 500 efectivos militares y policías enfrentaron con gases y disparos esta mañana a familias campesinas que se mantenían en tierras nacionales, cuya propiedad reclaman terratenientes del Bajo Aguán, entre ellos Miguel Facussé Barjum y el colombiano René Morales.

El portavoz de la policía nacional en la capital, Orle Cerrato, reconoció que un solado del ejército fue herido por disparos de fusil ak47, durante el desalojo.

El portavoz reconoció, además, la detención de un campesino por la portación de un arma de fuego, pero negó la existencia de heridos y muertos como reportaron medios de Tegucigalpa.

La orden judicial de desalojo, dijo Cerrato, fue librada contra unas 600 familias agrupadas en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, asentadas en las márgenes izquierda y derecha del Río Aguán.

En la margen izquierda del río, las empresas San Esteban, Despertar y Guanchías, del colombiano René Morales y el hondureño Gustavo Canales, fueron recuperadas en diciembre por los campesinos dedicados a la producción de granos y palma africana.

La mañana de hoy el desalojo policial y militar empezó en la cooperativa Despertad, siguió en la cooperativa San Esteban, donde fueron detenidas al menos 10 campesinos, y concluyó en la cooperativa Guanchías.

Según confirmó la abogada, Marlen Cruz, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, el desalojo fue realizado con gases lacrimógenos y disparos, con saldo preliminar de 10 detenidos.

En la margen derecha del río aún no había empezado el desalojo en las primeras horas de la tarde de hoy, pero los campesinos de las cooperativas Aurora, Confianza y San Isidro, temían la represión ahí.

Estas tierras son reclamadas por el empresario agroindustrial Miguel Facussé.

El desalojo en la margen izquierda del río fue descrito como violento a Radio Progreso por su corresponsal en la zona, Wilfredo Paz, quien describió que los militares lanzaron bombas lacrimógenas, balas vivas de sus armas automáticas e incendiaron las viviendas.

El portavoz policial, Orle Cerrato, sin embargo, describió el desalojo como tranquilo y calmado, practicado con normalidad y bajo la supervisión de un juez ejecutor.

“No es una operación antojadiza de la policía y el ejército, sino una acción en respuesta a la orden emitida por juzgado correspondiente”, dijo el oficial policial en esta capital, sin identificar al empleado judicial.

Los recuentos independientes desde la zona contabilizaban 40 detenidos al mediodía de hoy, ocultados en las instalaciones del Décimo Quinto Batallón de Infantería, donde realizaban gestiones los organismos de derechos humanos para su liberación.

Centenares de mujeres y niños corrían entre las plantaciones de palma africana, replegadas hacia la zona pantanosa del río Aguán, huyendo de los gases, por lo que fue descrita la escena como una “cacería humana”. (K. R.)

Reporte de las 12 pm. Viernes 8 de enero 2010.
Comunicaciones SJ.
Radio Progreso, Equipo de Reflexión Investigación ERIC.

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FIAN HONDURAS

(Food First Information & Action Network)
Organización Internacional de Derechos
Humanos por el Derecho a Alimentarse

Comunicado

FIAN pide que se detenga el desalojo violento de campesinos en el Valle del Aguán que según información periodística ya deja saldo de heridos y detenidos

Efectivos militares y policiales han procedido a desalojar violentamente a miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y sus familias que han tomado tierras que disputan con los señores Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales en los municipios de Tocoa y Trujillo, departamento de Colón.

Los afectados son miembros de las empresas campesinas San Esteban, Guanchías, El Despertar, Suyapa y la Trinidad; en la margen izquierda del Río Aguán. La confianza, San Isidro y La Aurora, en la margen derecha.

El conflicto por estas tierras es de larga data y para resolverlo se había iniciado un proceso de negociación. Dos semanas antes del golpe de estado se firmó un convenio entre el Director del Instituto Nacional Agrario (INA), los campesinos y los terratenientes, avalado por el Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, el Alcalde de Tocoa y el Gobernador de Colón.

En él se concertó crear una comisión tripartita entre el INA, campesinos y terratenientes, para revisar el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes y, en el caso de ser correcto, determinar si había tierras excedentarias a las que constaban en los documentos de compra venta.

No obstante, en principio tales transacciones se consideraron viciadas por haber transgredido la Ley de Reforma Agraria. La venta de estas tierras se realizó sin que hubiera consenso de los campesinos miembros de las cooperativas y no se contó con la autorización previa del Instituto Nacional Agrario para vender o transferir la totalidad o parte de las tierras adjudicadas; es más, por el celo del legislador de prevenir la concentración de la propiedad, la ley prohíbe ceder tierras a cualquier título para su explotación a terceros.

Urgimos a las autoridades a que solucione de inmediato el conflicto, que de haber actuado con diligencia y conforme a la legislación nacional se hubiese prevenido el derramamiento de sangre que hoy lamentamos. Vale recordarles que nuestra carta magna señala que la reforma agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación y por lo mismo la declara de necesidad y utilidad pública. En espíritu y letra este mandato conjuga el interés de contribuir a que los campesinos superen su condición de pobres y el de que contribuyan con su trabajo al desarrollo nacional.

La promulgación y aplicación de la Ley de Modernización de Desarrollo del Sector Agrícola, violatoria de estos preceptos constitucionales, no sólo impidió la continuación del débil proceso de afectación y adjudicación de tierras iniciado en 1972, sino que promovió la concentración de la propiedad en pocos propietarios dejando desvalidas a miles de familias en el sector rural.

La violenta modificación del sector reformado del Valle del Bajo Aguán es la expresión más clara de esta política dañina de contra reforma orientada por los mismos funcionarios de las instituciones del estado que fueron creadas para dar sentido práctico al mandato constitucional.

No es extraño que en esa región se escenifiquen los enfrentamientos más violentos con saldo de muertos y heridos por conflictos agrarios y que, desafortunadamente, tal situación se mantendrá de no practicarse políticas que sustituyan el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y productividad del sector agropecuario, así como el desarrollo social, con el apoyo del estado, tal como señala nuestra constitución.

Desde ya responsabilizamos a las instituciones del estado que por acción u omisión permitan actos de violencia con resultados impredecibles y trágicos.

Urgimos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a demandar justicia ante estos actos arbitrarios y salvajes.

Tegucigalpa MDC, 08 de enero de 2010

Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras