.

La CIDH pide investigar
ataques contra radio
en Triunfo de la Cruz


Cabina de la radioemisora Foluma Bimetu. Fotos: CMI-Honduras.

Tegucigalpa - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión comunicó ayer su preocupación por un ataque contra la radioemisora hondureña Foluma Bimetu (Coco Dulce) del Triunfo de la Cruz, Honduras, y pidió a las autoridades investigar los hechos.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que los ataques a esta radio hondureña se deben a la oposición al golpe de Estado que este medio de comunicación ha sostenido desde el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales.

"La Relatoría Especial llama al Estado de Honduras a investigar el presente hecho, que constituye un ataque directo a la libertad de pensamiento y expresión de los ciudadanos en general y de la comunidad garífunas en particular", indica el organismo dependiente de la CIDH.

En el comunicado, la Relatoría pide a las autoridades proporcionar protección adecuada a los comunicadores para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Precisa que los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero en la radio de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, cuando varios tipos irrumpieron en las oficinas y tras sacar unos aparatos incendiaron el establecimiento.

Fonte: Diario Tiempo (Honduras).

*

Corte Penal Internacional
procederá de oficio
contra golpistas hondureños

El Libertador

No sólo Roberto Micheletti pagará los delitos que ha cometido contra el pueblo, también sus colaboradores están en la mira de la Corte Penal Internacional, que desde ahora son considerados como unos “criminales de guerra” por delitos de lesa humanidad.

Los delitos que los “defensores” de la democracia estarían afrontando son: crímenes de lesa humanidad, persecución política, ataque a civiles, y amenazas contra miembros del Frente de Resistencia, debido que el país ha caído en un estado de indefensión.

Lo poco que había del Estado de Derecho colapsó con el golpe, y se han cometido varios delitos, sea por acción o por omisión de la dictadura. El Poder Judicial, tiene su cuota de responsabilidad en el golpe de Estado, por lo tanto perdieron vigencia y la población no cree en ellos.

Además, los medios tradicionales de comunicación afines al golpe, tienen que ser juzgados, por el terrorismo mediático que han venido cometiendo desde el golpe militar, tratando de minimizar y exponer al peligro, a dirigentes de la resistencia popular.

Redacción/EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. A los promotores y ejecutores del golpe de Estado en Honduras, ya tienen las horas contadas. La Corte Penal Internacional (CPI), ha recibido la denuncia de los señores Manuel Ollé Sesé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y, Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), por el delito de persecución política contra el pueblo hondureño por parte de Roberto Micheletti Bain y Romeo Vásquez Velásquez. El fiscal General de la CPI, Luis Moreno Ocampo, ha recibido las pruebas fehacientes, en donde se especifican los delitos que la dictadura ha cometido.

Represión mediática

Desde que ocurrió el golpe de Estado, -detalla el informe- los medios de comunicación que pertenecen a los empresarios que apoyaron la asonada, desde allí se desató una campaña de desinformación y odio contra los dirigentes populares o contra todos aquellos que han promovido las movilizaciones populares para reclamar el retorno del Presidente Zelaya. Han hecho una apología del odio para identificar a los que reclaman cambios profundos como enemigos del país, de la “democracia” o comunistas o cómplices del terrorismo internacional.

Asimismo, se ha violentado los artículos 72 y 74 constitucional, en el aspecto de cierre de medios de comunicación, tales como: Radio Globo (cerrada por acuerdo ejecutivo) y Canal 36 corrió igual suerte, que el resto de medios informativos, que se han constituido como “válvulas de escape” para el pueblo. Así como también la persecución que sus directores y dueños han sufrido, tal es el caso del director de este rotativo, Jhonny Lagos, que ha recibido amenazas a muerte por parte de los órganos represores del Estado.

Crímenes impunes

Además, se documenta la muerte de Roger Vallejo, quien recibió un disparo, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Comayagüela el 30 de julio, y murió el 1 de agosto. El domingo 20 de septiembre fue encontrado muerto en Talanga, Francisco Morazán, Félix Murillo con signos de tortura, y era uno de los testigos del asesinato de Vallejo. Isis Obed Murillo, de 19 años, asesinado el 5 de julio, a consecuencia de una herida de bala en las afueras del aeropuerto de Toncontín.
Cuando el Presidente Zelaya buscaba ingresar al país, por la aduana Las Manos, se reportó la muerte de Pedro Muñoz, encontrado el 25 de julio, cerca de la frontera con Nicaragua, y su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por miembros del ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona.

Persecución política

También algunos operadores de justicia y diputados han sufrido persecución política, por el hecho de no dejarse intimidar por parte de las máximas autoridades, y las personas que han sido acosadas son: Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez, Elvia Ondina Varela, Ricardo Pineda y Osmán Antonio Fajardo, por haber fallado a favor de manifestantes de la resistencia, han sufrido sanciones de la Corte Suprema, como traslados forzosos.

En el caso de Guillermo López, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia y Juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, junto a Tirza Flores Lanza, Magistrada de la Corte de Apelaciones y el Defensor Público Osman Fajardo, ambos de la misma ciudad, presentaron el 30 de junio ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema un recurso de amparo a favor de Manuel Zelaya por violación del artículo 102 constitucional que prohíbe la expatriación de ciudadanos hondureños y desde entonces han sido reprimidos, con audiencias de descargo y rotaciones de cargo.

Responsables de la represión

A la cabeza de la lista de los responsables del golpe de Estado, se encuentra el gobernante de facto Roberto Michelleti y su gabinete usurpador; el General Romeo Vásquez Velásquez y su junta de comandantes, el director general de la policía Salomón Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, asesor de seguridad, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Y continúan la lista: Luis Alberto Rubí Ávila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales o faltando a sus obligaciones legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política. José Alfredo Saavedra Paz Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado.

Dueños de medios implicados

Quiénes han promocionado, sostenido el golpe de Estado y contribuido a la campaña de persecución política en medios de comunicación contra quiénes se han opuesto a la asonada: El ex Presidente de la Republica, Carlos Flores Facussé, propietario de diario La Tribuna, Jorge Canahuati Larach propietario de los diarios El Heraldo y La Prensa, José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro y, demás dueños de medios radiales y/o televisivos, como responsables religiosos, que se habrían hecho igualmente corresponsables del crimen de persecución política.

Asimismo, se les acusa de estar colaborando con el régimen, en donde han suministrado fotografías de los miembros del Frente de Resistencia y demás personas que participan en las marchas exigiendo el retorno del orden constitucional, que se rompió el 28 de junio anterior. Así como también se les señala de emprender campañas de desprestigio contra dirigentes populares, donde se argumentan que los opositores al golpe están alineados con del depuesto gobernante.

Fonte: El Libertador (Honduras).