Dos detenidos y temor de desalojo
por fuerzas de seguridad golpistas
en recuperaciones de tierra en Colón
por fuerzas de seguridad golpistas
en recuperaciones de tierra en Colón
Por Sandra Cuffe*
el 17 de diciembre de 2009
Dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, fueron detenidos a las once de la mañana de este miércoles 16 de diciembre, cuando salieron de una recuperación de tierra en el departamento de Colón, Honduras.
A Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala los llevaron a la jefatura policial en Tocoa, donde permanecen detenidos. Autoridades policiales locales negaron a dar mayor información por teléfono sobre la captura y los cargos, los detalles de los cuales se esclarecerán cuando los campesinos se presentan ante un juez en los siguientes días. No obstante, la fiscal de turno en Tocoa logró confirmar que ambos detenidos enfrentan el cargo de usurpación.
Una semana antes de la captura de Ulloa Flores y Ayala, algunos mil familias campesinas organizados en el MUCA iniciaron dos recuperaciones de polémicas tierras en Colón. La cooperativa La Confianza, una plantación de palma africana en producción ubicada en el municipio de Tocoa, es reclamada por el poderoso empresario y terrateniente Miguel Facussé Barjum. El nicaragüense René Morales reclama el otro terreno recuperado, la cooperativa San Esteban en el municipio de Trujillo. Hasta mediados de los años 1990s, una época conocida como la ‘contrareforma agraria’ de Honduras, las tierras en cuestión pertenecieron a cooperativas agrícolas, cuyos miembros y dueños eran muchos de los mismos campesinos ahora involucrados en las acciones del MUCA.
El sistema de tenencia de tierras por cooperativas campesinos se desmanteló en gran parte después de que entró en vigencia la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en el 1992, durante el gobierno de Callejas. La ley permitió la división y venta de los terrenos de las cooperativas, los cuales eran inalienables bajo las políticas de reforma agraria de los 1960s y 70s. Aunque muchos miembros de las cooperativas aún poseen títulos definitivos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional Agrario (INA), los movimientos campesinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo que la adquisición de las tierras de las cooperativas por parte de grandes terratenientes ha estado plagada por amenazas, fraude, coacción, irregularidades, y otros abusos, cometidos tanto por el Estado como por los mismos terratenientes.
“Se apropiaron de las tierras,” dijo Joni Rivas, miembro del MUCA, desde la recuperación de La Confianza, “y exigimos esclarecimiento.”
Los 28 grupos que conforman el MUCA empezaron de organizarse juntos por la tierra y la justicia en el Aguán hace unos siete años, explicó Rivas. La lucha por las tierras de las cooperativas La Confianza y San Esteban ganó fuerza durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya, cuando el MUCA se vio obligado a coordinar acciones de protesta para hacer entender la urgencia de su demanda para una investigación de los reclamos y transacciones polémicos con respecto a las tierras. Una manifestación pacífica del MUCA en la carretera principal del norte del país recibió una rápida respuesta gubernamental, formándose una comisión para tratar el tema. No obstante, pasaron los meses y los años sin resultado concreto alguno.
El 8 de junio del año en curso, el MUCA volvió a la acción, bloqueando la calle de acceso que conduce a la planta procesadora de aceite de palma africana de Miguel Facussé en las tierras en cuestión. El 12 de junio, una comisión gubernamental de alto nivel y el MUCA lograron pactar un acuerdo, lo cual fue posteriormente refrendado y firmado personalmente por el Presidente Zelaya el 19 de junio. Una vez más, el Estado hondureño se comprometió a realizar un proceso de investigación y esclarecimiento sobre el conflicto de propiedad de tierra en la zona, pero esta vez el acuerdo incluyó una fecha límite estricto. El MUCA acordó levantar sus acciones de protesta durante el proceso investigativo, pero el punto número seis del convenio estableció que retomarían las acciones si el gobierno no presentara los resultados antes del 10 de julio.
“Se vino el golpe de Estado,” lamentó Rivas.
El gobierno de Manuel Zelaya fue depuesto por golpe militar el 28 de junio del 2009, quebrantando tanto la democracia y orden constitucional en Honduras, como también el acuerdo entre la administración de Zelaya y el MUCA. Después de unos cinco meses de resistencia y represión diaria, las mil familias luchando por la tierra en el bajo Aguán volvieron a empezar desde cero.
“El golpe de Estado fue producto de eso también,” explicó un líder comunitario desde el vecino Movimiento Campesino del Aguán (MCA), refiriéndose a la potencial amenaza que presentaba la investigación gubernamental a los poderosos intereses de Facussé y otros terratenientes en la zona. Con su propia larga experiencia con la ocupación de las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar de época de la guerra fría, la la fundación de la comunidad de Guadalupe Carney en el área, el MCA también participó activamente en el movimiento nacional contra el golpe. Así como mobilizaciones de resistencia a lo largo de Honduras, las frecuentes ocupaciones de la carretera entre Tocoa y Trujillo en los meses después del golpe enfrentaron el desplazamiento masivo de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la policía como del ejército.
Todas las federaciones campesinas del país participaron en la resistencia al golpe de Estado, y muchos movimientos fueron blancos de una severa represión, incluyendo amenazas, atentados, detenciones, y desalojos. La noche del 11 de agosto las oficinas de Vía Campesina en Tegucigalpa fueron atacados con disparos, sólo algunas semanas después de que fue capturado el reconocido coordinador, Rafael Alegría. El 30 de septiembre, después de un decreto ejecutivo declaró en esencia un estado de sitio y suspendió varios derechos y libertades fundamentales, el ejército desalojó la ocupación del Instituto Nacional Agrario (INA) que las organizaciones campesinas mantenían desde el mismo 28 de junio, terminando con la captura de más de 50 campesinos. Una de las principales razones de la larga ocupación citadas por las federaciones campesinas fue su temor por la posible desaparición de importantes documentos de tenencia de tierra en manos del gobierno de facto. Finalmente, el 28 de noviembre, el día previo a las elecciones, las fuerzas de seguridad del Estado realizaron un allanamiento ilegal de las instalaciones de la Red COMAL en Siguatepeque, Comayagua.
Por allí en el bajo Aguán, la amenaza de represión es mucho más inmediato. El MUCA ha recibido informaciones señalando que existen órdenes de desalojo, además de reportes de un desplazamiento fuera de lo corriente de la policía en la zona. La captura y detención de Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala poco después de su salida de la recuperación indica, al parecer, un fuerte monitoreo por parte de la policía. El Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una reconocida organización de derechos humanos, denunció reportes de órdenes de captura para otros miembros de MUCA, como son Miguel Ángel Funes, Jorge Antonio Rivas López, Pedro Marcial Zambrano, Luciano Erazo Carbajal, Ángel María Guevara, Maximiliano Ramírez, Magdiel López, José Castillo, Pedro Castillo, y Santos Menjivar.
“Nos preocupan las detenciones, dado que el sistema judicial ya está en vacaciones,” explicó la abogada Carol Cardenas del COFADEH, mientras preparaba un escrito de habeas corpus poco después de recibir desde el Aguán la información que hombres encapuchados en un carro no identificado habían detenido a Ulloa Flores y Ayala. Todo el sistema judicial de Honduras está en vacaciones desde el 15 de diciembre hasta el 2 de enero, y los juzgados y fiscalías funcionan con una rotación de poco personal judicial.
“Condenamos cualquier acto represivo por el aparato represivo del Estado,” dijo Rivas en la recuperación de La Confianza, “y responsabilizamos a [los terratenientes] Facussé, Morales, y Canales de cualquier cosa que nos pueda suceder.”
“Queremos que el mundo sepa que ya no soportamos las condiciones en las cuales hemos tenido que vivir.”
A Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala los llevaron a la jefatura policial en Tocoa, donde permanecen detenidos. Autoridades policiales locales negaron a dar mayor información por teléfono sobre la captura y los cargos, los detalles de los cuales se esclarecerán cuando los campesinos se presentan ante un juez en los siguientes días. No obstante, la fiscal de turno en Tocoa logró confirmar que ambos detenidos enfrentan el cargo de usurpación.
Una semana antes de la captura de Ulloa Flores y Ayala, algunos mil familias campesinas organizados en el MUCA iniciaron dos recuperaciones de polémicas tierras en Colón. La cooperativa La Confianza, una plantación de palma africana en producción ubicada en el municipio de Tocoa, es reclamada por el poderoso empresario y terrateniente Miguel Facussé Barjum. El nicaragüense René Morales reclama el otro terreno recuperado, la cooperativa San Esteban en el municipio de Trujillo. Hasta mediados de los años 1990s, una época conocida como la ‘contrareforma agraria’ de Honduras, las tierras en cuestión pertenecieron a cooperativas agrícolas, cuyos miembros y dueños eran muchos de los mismos campesinos ahora involucrados en las acciones del MUCA.
El sistema de tenencia de tierras por cooperativas campesinos se desmanteló en gran parte después de que entró en vigencia la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en el 1992, durante el gobierno de Callejas. La ley permitió la división y venta de los terrenos de las cooperativas, los cuales eran inalienables bajo las políticas de reforma agraria de los 1960s y 70s. Aunque muchos miembros de las cooperativas aún poseen títulos definitivos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional Agrario (INA), los movimientos campesinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo que la adquisición de las tierras de las cooperativas por parte de grandes terratenientes ha estado plagada por amenazas, fraude, coacción, irregularidades, y otros abusos, cometidos tanto por el Estado como por los mismos terratenientes.
“Se apropiaron de las tierras,” dijo Joni Rivas, miembro del MUCA, desde la recuperación de La Confianza, “y exigimos esclarecimiento.”
Los 28 grupos que conforman el MUCA empezaron de organizarse juntos por la tierra y la justicia en el Aguán hace unos siete años, explicó Rivas. La lucha por las tierras de las cooperativas La Confianza y San Esteban ganó fuerza durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya, cuando el MUCA se vio obligado a coordinar acciones de protesta para hacer entender la urgencia de su demanda para una investigación de los reclamos y transacciones polémicos con respecto a las tierras. Una manifestación pacífica del MUCA en la carretera principal del norte del país recibió una rápida respuesta gubernamental, formándose una comisión para tratar el tema. No obstante, pasaron los meses y los años sin resultado concreto alguno.
El 8 de junio del año en curso, el MUCA volvió a la acción, bloqueando la calle de acceso que conduce a la planta procesadora de aceite de palma africana de Miguel Facussé en las tierras en cuestión. El 12 de junio, una comisión gubernamental de alto nivel y el MUCA lograron pactar un acuerdo, lo cual fue posteriormente refrendado y firmado personalmente por el Presidente Zelaya el 19 de junio. Una vez más, el Estado hondureño se comprometió a realizar un proceso de investigación y esclarecimiento sobre el conflicto de propiedad de tierra en la zona, pero esta vez el acuerdo incluyó una fecha límite estricto. El MUCA acordó levantar sus acciones de protesta durante el proceso investigativo, pero el punto número seis del convenio estableció que retomarían las acciones si el gobierno no presentara los resultados antes del 10 de julio.
“Se vino el golpe de Estado,” lamentó Rivas.
El gobierno de Manuel Zelaya fue depuesto por golpe militar el 28 de junio del 2009, quebrantando tanto la democracia y orden constitucional en Honduras, como también el acuerdo entre la administración de Zelaya y el MUCA. Después de unos cinco meses de resistencia y represión diaria, las mil familias luchando por la tierra en el bajo Aguán volvieron a empezar desde cero.
“El golpe de Estado fue producto de eso también,” explicó un líder comunitario desde el vecino Movimiento Campesino del Aguán (MCA), refiriéndose a la potencial amenaza que presentaba la investigación gubernamental a los poderosos intereses de Facussé y otros terratenientes en la zona. Con su propia larga experiencia con la ocupación de las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar de época de la guerra fría, la la fundación de la comunidad de Guadalupe Carney en el área, el MCA también participó activamente en el movimiento nacional contra el golpe. Así como mobilizaciones de resistencia a lo largo de Honduras, las frecuentes ocupaciones de la carretera entre Tocoa y Trujillo en los meses después del golpe enfrentaron el desplazamiento masivo de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la policía como del ejército.
Todas las federaciones campesinas del país participaron en la resistencia al golpe de Estado, y muchos movimientos fueron blancos de una severa represión, incluyendo amenazas, atentados, detenciones, y desalojos. La noche del 11 de agosto las oficinas de Vía Campesina en Tegucigalpa fueron atacados con disparos, sólo algunas semanas después de que fue capturado el reconocido coordinador, Rafael Alegría. El 30 de septiembre, después de un decreto ejecutivo declaró en esencia un estado de sitio y suspendió varios derechos y libertades fundamentales, el ejército desalojó la ocupación del Instituto Nacional Agrario (INA) que las organizaciones campesinas mantenían desde el mismo 28 de junio, terminando con la captura de más de 50 campesinos. Una de las principales razones de la larga ocupación citadas por las federaciones campesinas fue su temor por la posible desaparición de importantes documentos de tenencia de tierra en manos del gobierno de facto. Finalmente, el 28 de noviembre, el día previo a las elecciones, las fuerzas de seguridad del Estado realizaron un allanamiento ilegal de las instalaciones de la Red COMAL en Siguatepeque, Comayagua.
Por allí en el bajo Aguán, la amenaza de represión es mucho más inmediato. El MUCA ha recibido informaciones señalando que existen órdenes de desalojo, además de reportes de un desplazamiento fuera de lo corriente de la policía en la zona. La captura y detención de Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala poco después de su salida de la recuperación indica, al parecer, un fuerte monitoreo por parte de la policía. El Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una reconocida organización de derechos humanos, denunció reportes de órdenes de captura para otros miembros de MUCA, como son Miguel Ángel Funes, Jorge Antonio Rivas López, Pedro Marcial Zambrano, Luciano Erazo Carbajal, Ángel María Guevara, Maximiliano Ramírez, Magdiel López, José Castillo, Pedro Castillo, y Santos Menjivar.
“Nos preocupan las detenciones, dado que el sistema judicial ya está en vacaciones,” explicó la abogada Carol Cardenas del COFADEH, mientras preparaba un escrito de habeas corpus poco después de recibir desde el Aguán la información que hombres encapuchados en un carro no identificado habían detenido a Ulloa Flores y Ayala. Todo el sistema judicial de Honduras está en vacaciones desde el 15 de diciembre hasta el 2 de enero, y los juzgados y fiscalías funcionan con una rotación de poco personal judicial.
“Condenamos cualquier acto represivo por el aparato represivo del Estado,” dijo Rivas en la recuperación de La Confianza, “y responsabilizamos a [los terratenientes] Facussé, Morales, y Canales de cualquier cosa que nos pueda suceder.”
“Queremos que el mundo sepa que ya no soportamos las condiciones en las cuales hemos tenido que vivir.”
*Sandra Cuffe es una periodista independiente canadiense actualmente basada en Honduras.
Fuente: hondurassolidarity.wordpress.com
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