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E S P E C I A L

Comunicado No. 52

El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:


1. En la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, continúa el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente con grupos paramilitares, amenazando constantemente la vida de las familias campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra.


2. En ese contexto de luchas agrarias, el miércoles 17 de marzo fueron asesinados los compañeros campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental. Condenamos vehementemente este hecho y llamamos a la comunidad internacional para que presionen al régimen represivo de Lobo para detener la violencia contra el pueblo.


3. El FNRP reitera su total compromiso con la lucha del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, a quién patentizamos nuestra confianza y solidaridad. En ese sentido, anunciamos que la base de la Resistencia en todo el país se movilizará en fechas próximas hacia el valle del Aguán con los siguientes objetivos:

1. Exigir una Reforma Agraria integral que revierta las políticas de concentración de la riqueza implantadas por la oligarquía a través de la Ley de Modernización y Desarrollo del sector Agrícola de 1992.
2. Apoyar las diversas luchas campesinas que se desarrollan en la zona y que son ejemplo de la valentía y dignidad del pueblo hondureño.

3. Repudiar la represión y señalar la responsabilidad los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales, máximos cabecillas de los grupos paramilitares que actúan en la zona.


4. Convocamos a toda la población y especialmente los integrantes de la Resistencia a que se sumen a la campaña de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas campesinas.

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Plataforma de Derechos Humanos
verifica condiciones infrahumanas
en asentamientos del Bajo Aguán

Por Marvin Palacios

La Plataforma de Derechos Humanos en su visita a 5 cooperativas campesinas asentadas en las márgenes derecha e izquierda del río Aguán, constató las precarias condiciones en que se encuentran miles de familias campesinas que demandan el derecho a la tierra en el litoral atlántico del país y que está en poder de 3 terratenientes.

Defensores y defensoras de derechos humanos, procuradores, procuradoras y personal médico documentaron testimonios e inspeccionaron las áreas de los asentamientos en los que se observaron múltiples carencias en el plano sanitario como son la falta de agua, alimentos y un techo en donde resguardarse de las inclemencias del tiempo.

En las cooperativas Providencia Concepción, Aurora, Los Camarones y Guanchías las mujeres, niños y niñas se protejen del sol y la lluvia bajo chozas construidas de hojas de palma africana y plásticos, mientras que los hombres duermen a la intemperie.

Además se observaron cuadros diarreicos severos, casos de rabia producto de la mordida de murciélagos, desnutrición, picaduras de insectos y escasas reservas de agua potable y alimentos que afectan diariamente la salud de miles de campesinos y campesinas, especialmente de recién nacidos, niños y niñas, mujeres y adultos mayores.

Por otro lado en la cooperativa Guanchías, más de 250 personas (niños, niñas, mujeres, hombres y adultos mayores) se refugian en un viejo almacén en el que se guardaban plaguicidas, insecticidas y fertilizantes, por lo que están expuestos a severas afectaciones en su salud por la inhalación de los químicos venenosos.

Pese a las múltiples necesidades, se percibió que las cooperativas se encuentran fortalecidas moralmente y que esperan que el régimen de Porfirio Lobo Sosa pueda solucionar el conflicto de tierras que ha enfrentado a 28 grupos campesinos que integran el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) con el agroindustrial e influyente empresario Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, terratenientes que se han adueñado de miles de hectáreas de tierras, sembradas de palma africana.

La Plataforma de Derechos Humanos expresó en cada comunidad un mensaje de acompañamiento y solidaridad para con las familias campesinas del Bajo Aguán, que han experimentado muertes y momentos de terror y zozobra por las acciones amenazantes de guardias privados de seguridad, policías y militares.

En el plano jurídico la Plataforma de Derechos Humanos destacó que toda la infraestructura, puentes, sistemas de drenaje, carreteras y caminos de acceso, fueron proporcionados y financiados por el estado de Honduras para desarrollar los procesos de reforma agraria en el departamento de Colón y que lo único que han hecho los terratenientes es aprovechar la infraestructura para el cultivo de miles y miles de hectáreas en el Bajo Aguán.

Los defensores y defensoras de derechos humanos se mostraron muy alarmados por las denuncias recabadas en las que se manifiesta que grupos fuertemente armados que utilizan equipo especial para operaciones nocturnas, patrullan los alrededores de los asentamientos humanos en forma amenazante.

Es urgente la presencia de representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Niñéz y la Infancia (UNICEF) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para que puedan proporcionar ayuda traducida en agua potable, alimentos, medicinas e insumos para enfrentar las precarias condiciones sanitarias en que se encuentran miles de familias campesinas.

El MUCA informó en las últimas horas, que el régimen de Porfirio Lobo Sosa presentará mañana miércoles una propuesta de solución al conflicto de tierras. Un vocero de las cooperativas campesinas que pidió no ser identificado dijo que solicitarán un tiempo prudencial para analizar la propuesta gubernamental y posteriormente manifestar su opinión al respecto.

En las próximas horas la Plataforma de Derechos Humanos emitirá un breve informe de la visita realizada a las comunidades asentadas en el bajo Aguán y que difundirá a la comunidad nacional e internacional.

Fonte: Defensores en Línea.

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El Aguán es sólo un aviso

Por Manuel Torres Calderón

El Golpe de Estado del 28 de junio y sus repercusiones confirmaron que Honduras es una nación con profundas divisiones internas, carente de un proyecto común, producto de las desigualdades que se han acumulado durante muchos años. En ese sentido, el grave conflicto del Aguán y el sacrificio del campesinado es un testimonio de la crisis de fondo que abate al país.

El punto es que los grandes desafíos nacionales no han estado sobre la mesa de discusión o negociación, pese a que diferentes sectores, como el campesino, los vienen reclamando desde hace años. Ha habido profusa demagogia, pero no hechos que cambien la injusticia acumulada.

Poco se habla o acuerda sobre la necesidad de impulsar reformas políticas a fondo, mejorar la eficiencia de la administración pública, impulsar el desarrollo local, regional y la descentralización, buscar la seguridad a través de la justicia, promover la educación y la cultura, defender políticas agrarias y productivas justas, reconocer la equidad de género, que se admita el papel fundamental de la economía social; generar empleos de calidad, defender el medio ambiente y los recursos naturales o impulsar una gestión de riesgos que parta desde las aldeas hasta la administración central.

El proceso electoral, contaminado por el Golpe, no aportó compromisos reales y verificables sobre una agenda nueva, basada en prioridades nacionales. Aquel fue uno de los procesos más insustanciales desde 1982 hasta la fecha. Tampoco extraña, entonces, que el gobierno de Lobo adolezca de similares debilidades.

Los políticos en su campaña firmaron algunas ofertas de la misma manera que lo han hecho por años: sabiendo que no las cumplirán Bajo esas circunstancias, Honduras sigue sin verdaderos objetivos de Nación y de transformación social. El oficialista Plan de Nación o Visión de País que promueve el Presidente Lobo no tiene agarraderas nacionales. Nada que lleve el sello de Arturo Corrales puede considerarse libre de sospecha.

Si de expectativas se trata, en el 2021 Honduras se sumará a los países que cumplen su bicentenario, pero el balance al cual se acerca es que en lugar de disminuir sus grandes heridas sociales; éstas se han abierto más. Ello genera incertidumbre y desesperanza de la población frente al futuro, especialmente en las zonas rurales donde los rezagos o retrasos son mayores que en las urbanas.

El agro, desde la perspectiva social, fue deliberadamente destruido por el modelo de ajuste neoliberal implantado con la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola. Las privatizaciones se impulsaron a partir del desmantelamiento de la función pública y del Estado. Nada fue casual; todo fue premeditado.

Hace casi 20 años de ese parto bipartidista, también bautizado como la “Ley Norton”, y sigue vigente, sin un reconocimiento -gubernamental y de los organismos multilaterales que lo avalaron- de su fracaso productivo y sin una evaluación ciudadana de su origen, vigencia y consecuencias.

En aquella mesa que convocó el ex presidente Callejas para “legitimar” esa ley se consumó una traición que incluyó a dirigentes populares, pero se menciona poco de ello. El nuestro es un país de susurros históricos.

La oferta de que el mercado iba a modernizar y dinamizar el agro fue un espejismo premeditado. En estos años lo que más ha exportado el agro es mano de obra joven. Al modelo no le interesaba el campesino productor, sino el eventual “remesador” o el nuevo obrero al que explotar pagando salarios miserables. El impacto humano del modelo neoliberal para el agro jamás será reconocido en toda su magnitud. No se trata únicamente de unidades productivas, sino de las familias mismas. La desintegración del núcleo básico, el reemplazo obligado de roles y la ruptura de los lazos de una generación a otra cambió el rostro de Honduras.

Nada es rescatable de esta experiencia, ni siquiera en el plano económico puesto que el aporte agrícola al Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó en estas dos décadas, al mismo tiempo que se consolidaban renovadas formas de latifundismo. Paradójicamente, no fue la industria la que avanzó sobre el latifundio, sino a la inversa, al grado que el actual presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) es el presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Esa fue una elección cargada de simbolismo en la elite de poder.

En ese contexto histórico, el conflicto del Aguán debe ser interpretado como un espejo nacional, no como un conflicto focal. Para el gobierno de Lobo enfrentarlo como un problema de “seguridad nacional” y no de “seguridad humana”, es cometer un lamentable error. En el agro lo que se vive es una tragedia social y productiva de alta magnitud. Si los indicadores sociales y económicos son deplorables en los centros urbanos; son peores en la zona rural. El 42.1% de los niños campesinos son desnutridos, frente a 24.6% en las zonas urbanas o sea dos por uno. La desigualdad se agrava cada año en los grupos sociales más vulnerables: desde los indígenas hasta las madres solteras. Entre los indígenas de la Montaña de la Flor o los tawahkas no existe un solo nativo que se haya graduado de alguna universidad y pocos son los egresados de educación media. Nacer campesino e indígena es tener una vida más sacrificada e incierta que la del resto de la población.

Ni siquiera en las pocas cooperativas que todavía están activas hay una mejoría satisfactoria de la calidad de vida de sus integrantes. Varias tienen años y años de estar trabajando colectivamente, de esfuerzos compartidos y sueños comunes, pero no logran cambiar significativamente su destino. Tienen más conciencia crítica, más formación y capacitación, pero todavía no cumplen los deseos que alientan para sus hijos e hijas. Seguro que hay excepciones, pero en muchos casos la buena vida se encarna en sus dirigentes, entronizados durante años en liderazgos inamovibles, tejedores de oscuras redes de clientelismo y compadrazgos.

En la base campesina, la vida sigue siendo endeble, frágil, atada a pequeñas esperanzas fallidas, como lo ejemplificó ese sacrificio peregrino que protagonizaron los campesinos y campesinas que después del Golpe de Estado ocuparon las instalaciones del INA para evitar el saqueo de los expedientes. Ellos fueron una especie de islote azotado e indefenso en un archipiélago de intereses mayores.

Sin duda, el esfuerzo personal o colectivo de los campesinos para defender sus derechos no bastará mientras el país mantenga un modelo desintegrador, excluyente en lo social y concentrador de la riqueza. Por eso no es sorpresa la violencia del Aguán. Tiene años de estar ocurriendo bajo modalidades distintas. Hay demasiada desigualdad como para pensar en un país “tranquilo” y “contento”.

Los síntomas de desigualdad, sobre todo en el agro, son visibles en el precario acceso de las mayorías a la justicia, a la información, a la participación, salud, educación, agua potable, saneamiento, electricidad, transporte, y al mercado. Persisten, además, enormes disparidades en bienes y oportunidades. Apenas, para dar un ejemplo, el 0.4% de los títulos de tierra en el sector reformado han sido otorgados a mujeres.

Todo en el país funciona al revés. Mientras los campesinos reclaman tierras para trabajar, Honduras pierde anualmente unas 108 mil hectáreas por diversas razones, entre ellas la deforestación y la quema. En unos diez años, de continuar este modelo que privilegia a los grandes ganaderos y explotadores de la madera y la impunidad en la destrucción del medioambiente, nuestra nación perderá más de dos millones de hectáreas de bosques. ¿Cuánto es eso? Ni más ni menos que el equivalente a la superficie de los departamentos de Francisco Morazán y Olancho, juntos.

Con las actuales políticas públicas, que no se modificaron bajo ningún gobierno anterior, además de la destrucción forestal, se avanza a la desaparición del agua y de los suelos. Una nueva escala de derechos humanos resurge para ser defendida, además del derecho fundamental a la vida que se está violentando en estos días.

El Aguán es un drama que va más allá de la tierra. El asesinato de Carlos Escalera lo probó hace varios años o la lucha permanente, y muchas veces solitaria, de las comunidades afrodescendientes para no ser despojadas. El acceso a la tierra es un derecho a derechos. Sólo así una conquista puede ser perdurable. Ello significa que estos procesos reivindicativos no se tratan de un retorno a los años 70 u 80. No puede haber olvido social de sus lecciones.

La realidad presente, incluyendo la influencia no mencionada del crimen organizado, es más compleja que en el pasado. Al margen del resultado de las negociaciones en marcha, muchos intereses no descansarán en su empeño de ver fracasado el movimiento campesino del Aguán. Saben que allí se juega el destino del agro hondureño.

Lo trágico es que el país dispone de las posibilidades necesarias para emprender los cambios y de fortalecer verdaderos procesos democráticos, pero no bajo las actuales circunstancias, no cuando los grandes poderes siguen prefiriendo imponer que convivir, arrasar que compartir. No es cierto que hayan entendido las lecciones del 28 de junio.

Lo que el campesinado demanda podría ser satisfecho si en la derecha hondureña hubiera más cordura y sensatez porque lo que exige es un mínimo de justicia social y económica en el agro, que comience por anular la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola y sustituirla por otra que dé estabilidad y gobernabilidad al país. El cambio de esa ley, que debió haber ocurrido en el 2008-2009, debe ser un objetivo social, productivo y económico nacional.

Muchas mentalidades deben cambiar para lograrlo, incluyendo el reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en esta lucha. Ellas no deben ser subalternas, sino protagonistas.

Todo lo que pasa en el país implica repensar los vínculos entre el estado y la sociedad, entre el bipartidismo y el movimiento social, y entre la ciudadanía misma. Nadie está a salvo con este modelo. Con la tardanza, el panorama empeora. El Aguán es sólo un aviso.

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ACUERDO DE DUELO

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
POPULARES DEL AGUAN (COPA)

La COORDINADORA DE ORGANIZACIONES POPULARES DEL AGUAN (COPA):

Considerando: Que el Compañero FRANCISCO JAVIER CASTILLO, integrante del Grupo de Jóvenes MOVIMIENTO SOCIALISTA PATRIA NUEVA Y Secretario de Educación de (COPA), falleció lunes 22 de marzo 2010, en la ciudad de San Pedro Sula-

Considerando: Que el Compañero FRANCISCO JAVIER CASTILLO fue fiel representante en la lucha de la Juventud por la igualdad, la justicia y la equidad en la sociedad hondureña que actualmente vive momentos de profunda crisis política.

Considerando: Que el Compañero FRANCISCO JAVIER CASTILLO comprometido con el destino patriótico que nos legaran Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, Dionisio de Herrera y cuya obra adquiere con su muerte una mayor trascendencia por su calidad humana y su visión de mundo nutriéndose de los valores irrenunciables de un humanismo socialmente universal.

Considerando: Que en su rol y capacidad intelectual, desarrolló importantes análisis y participación en las acciones de cobertura nacional e internacional contemporánea, en pos del nacimiento de una verdadera resistencia nacional.

POR TANTO: La COORDINADORA DE ORGANIZACIONES POPULARES DEL AGUAN (COPA): brinda su más sentido pésame a su esposa, sus Padres, familiares y amigos muy cercanos del Compañero FRANCISCO JAVIER CASTILLO.

Acordamos hacer entrega de este acuerdo de duelo a sus familiares y medios de comunicación.

Que la paz del Creador lo recoja en su seno y a sus familiares resignación cristiana.

Dado en Tocoa, Colón a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diez.