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Ilustração: Uelinton Silva.

Vivir en la muerte

Por Simón S. Soto

Tegucigalpa, 7 de mayo. Vivir como si ya se estuviese muerto frente a una apacigüe falsa seguridad que vive Honduras, es la consigna que los periodistas hondureños gritaban en los bajos del Congreso Nacional en una reciente manifestación en defensa de la libertad de expresión y la exigencia de justicia a favor de los ocho periodistas que han sido asesinados en menos de dos meses.

En las calles de la capital de Honduras ya es común observar a motorizados sin casco de protección en la cabeza o con un arma en la mano o militares y policías que van conduciendo motocicletas y llevan un civil a sus espaldas con extrañas características.

Es común escuchar, ver o leer en los medios de comunicación fascistas que los sicarios son los responsables de las muertes de los periodistas y personas que están en contra de la continuación de la dictadura de Porfirio Lobo Sosa.

Pero no mencionan que cada vez que un comunicador o militante del Frente Nacional de Resistencia Popular se pronuncia en contra de los hechos que siguen tiñendo de rojo las avenidas de Tegucigalpa, la respuesta es una amenaza a muerte, o peor aún, el asesinato instantáneo.

Los organismos de seguridad del Estado de Honduras y toda su estructura judicial no poseen una respuesta ante estos hechos que avergüenzan a la nación centroamericana y la sitúan como un país en donde el oficio del periodismo se ha convertido en un instrumento que conduce a la muerte.

Caminar por el casco histórico de Tegucigalpa o por sus principales bulevares para trasladarse a un destino, significa incrementar la adrenalina, aumentar la presión y preguntarse si se llegara con vida de nuevo del lugar de donde se partió.

Ese es uno de los resultados que ha dejado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y ahora con la continuación de la dictadura representada en Porfirio Lobo, quien sigue las ordenes de sus amos oligarcas, es el claro estado de inseguridad en que se encuentra la población que se opone a vivir bajo el yugo de los Facussé, Ferrari, Canahuati, Larach, Átala, Rishmagui, Faraj, Maduro y todo el consorcio que conforma el mal llamado club árabe hondureño.

Estas piezas de la oligarquía fascista en Honduras no desisten en dejar su maridaje con el imperio yanqui, a quien le responden como un fiel perro cuando su amo lo alimenta. Por tal motivo escurren su millonario capital en la inversión de la milicia y la inteligencia militar que es asesorada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Esta realidad ya es conocida por más de cinco millones de hondureños que viven en la pobreza como resultado del motor individualista que rige los designios de la burguesía inmigrante de este país y que se pasean flamantes en sus automóviles valorados hasta en un millón de dólares, en una nación en donde gran parte de sus habitantes sobreviven con un poco más de un dólar al día.

Es sorprendente observar el paseo de estos automóviles en las ruinas calles de una desordenada capital en donde el imperio de la anarquía financiera de unos cuantos, es el predominante diario.

Pero tales hechos han despertado un pueblo en la organización del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), cuya fuerza atemoriza a estos pocos enemigos de la patria.

La patria grande latinoamericana esta unificada con esta lucha que ha hecho retroceder la democracia en la región de los pueblos de nuestra América. Motivo por el que se rechaza reiteradamente a Porfirio Lobo como un gobernante elegido en un teatro electoral protagonizado por el fraude, la represión y la ambición de sostener el poder económico mediante un cuartelazo militar.

Ridículamente el nuevo “lobo” gobernante de facto insiste en auto llamarse presidente y en realizar funciones que lo sitúan como una vergüenza internacional al no participar en cumbres mundiales en donde participan naciones en donde aun se respeta la democracia.

Aprender a vivir como si ya se estuviese muerto nos hace recordar las palabras del comandante Ernesto Guevara de la Serna, cuyo legado es la afluencia política que mantiene con vida el proceso de emancipación de los pueblos latinoamericanos que a diez años de iniciar el segundo milenio le hacen frente a la guerra mediática iniciada por el gobierno de Estados Unidos.

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B L O Q U E P O P U L A R

ACOMPAÑAMOS LA
LUCHA POR RECUPERAR LA
INSTITUCIONALIDAD DEL
PODER JUDICIAL DE HONDURAS

Los efectos nefastos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúan profundizándose en perjuicio del pueblo hondureño, las instituciones y personas aun rescatables de este Estado fallido; frente a una Corte Suprema de Justicia salpicada y altamente cuestionada por patrocinadora y promovedora de la ruptura constitucional.

No hay expectativas de que el estado de cosas cambie a favor de un a verdadera democracia, no se valora ninguna voluntad política desde los sectores poderosos que plantee una propuesta ampliamente democrática de reconstruir Honduras y a la altura de la realidad que hoy agobia a golpistas y golpeados. Por ello la Resistencia se afianza en la propuesta para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Cómo confiar en el poder judicial, en donde sus autoridades arguyen que los hechos ocurridos son una “sucesión constitucional” cuando esa figura no existe en ninguna parte del mundo, vaya sabios que imparten justicia que entre el derecho y la justicia, privilegian el acomodo, el servilismo y la corrupción..

Por otra parte, dentro del poder judicial son la excepción un sector de jueces (zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes asumieron una posición de condena al Golpe de Estado, incorporándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de su postura digna en defensa de las garantías y derechos del pueblo hondureño los jueces Ramón Enrique Barrios, Luís Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, son objeto de persecución por parte de las autoridades a quienes abrieron expedientes disciplinarios y de forma arbitraria e injustificada han sido despedidos a partir del 6 de mayo del corriente año, con quienes nos solidarizamos y exigimos su reintegro, condenamos el hostigamiento y la represión de que son objeto.

No dudamos que acompañar a estos profesionales, es luchar por recuperar la institucionalidad del poder judicial de Honduras, es defender la reservas de la moral, la ética y los principios universales de la libertad y del pensamiento.

Resistimos y Venceremos.

San Pedro Sula, Mayo 7 de 2010

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COMUNICADO ANTE EL
DESPIDO DE JUECES Y JUEZAS
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, a la opinión pública nacional e internacional manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Condenamos enérgicamente el despido de los jueces RAMÓN ENRIQUE BARRIOS, LUIS ALONZO CHEVEZ DE LA ROCHA, GUILLERMO LÓPEZ LONE, el defensor público OSMÁN FAJARDO MOREL y de la Magistrada THIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA, todos miembros de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA.

SEGUNDO: Denunciamos que estos despidos se enmarcan en un contexto de persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia contra todos aquellos funcionarios judiciales que han asumido una posición valiente, crítica y apegada a los valores constitucionales en relación con el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

TERCERO: Reafirmamos que estas acciones intimidatorias y violatorias a los derechos humanos de las personas despedidas se corresponden con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en el golpe de Estado, y ratifica que el poder judicial en Honduras no es independiente ni imparcial y que sus actuaciones responden a los intereses de los sectores políticos y económicos que han atentado contra la democracia.

CUARTO: Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros y la compañera despedida, exigimos su reintegro inmediato y un alto a las amenazas y hostigamientos de las que son víctimas otros funcionarios judiciales que han mantenido una posición coherente con los principios democráticos ,y demandamos al Estado hondureño para que a través de la Corte Suprema de Justicia cumpla fielmente con lo estipulado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de independencia judicial.

Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los 06 días del mes de mayo del dos mil diez.

Radio Progreso y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.
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