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Derechos Humanos

Más allá del
cuarto siglo

Por Juan Almendares

Repensar la teoría y práctica de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva, cultural y de la liberación de nuestros pueblos es el camino que nos articula a la realidad y sufrimiento de los “condenados de la tierra “.

La defensa de la vida y la dignidad debe ser solidaria con: el campesino(a), obrero(a), estudiante, pobladora, maestros y maestras, mujer, niñez, biodiversidad de la naturaleza, y la diversidad sexual.

La solidaridad debe ser consecuente y articulada con la lucha por los territorios y tierra de las comunidades.

Los pueblos originarios, garífunas, misquitos y afro descendientes ahora invadidos por empresas madereras, mineras, agro combustibles(palma africana); monocultivos (banano, caña de azúcar piña) y camaroneras demandan con urgencia nuestra presencia.

La tarea esencial es vincular la lucha por el derecho humano y ambiental con el movimiento social y popular frente a las políticas opresoras y guerreristas de la globalización del capitalismo financiero internacional.

Transformar la realidad de las violaciones de los derechos humanos es cambiar la esencia y la forma jurídica, ideológica del coloniaje y el poder económico opresor.

Todo defensor y defensora de los derechos humanos debe articular su lucha la defensa de la soberanía cultural, alimentaria, la justicia climática de la Madre Tierra y ser congruente en su práctica con la unidad y dignidad histórica de todos los pueblos de América Latina.

Congratulamos a Andrés Pavón y todo el equipo del CODEH; por su compromiso histórico en la defensa de los derechos humanos del pueblo hondureño.

La contribución consecuente de los integrantes del CODEH ha sido relevante ante las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido durante el Golpe de estado militar y la continuidad del régimen actual.

Nuestra organización CPTRT se siente honrada al saludar al CODEH en la conmemoración de los veinte y nueve años de su fundación. Un fuerte abrazo fraterno y solidario

Tegucigalpa mayo 2010

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Amnistía Internacional pide
anulación de procesos contra jueces
hondureños opuestos al golpe

Por Red Morazánica de Información

Tegucigalpa, 13 de mayo de 2010. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI), pidió hoy al gobierno de Honduras, la reincorporación de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, situación que pone en entredicho la “independencia judicial”, alegada por la misma Corte.

“Los procedimientos disciplinarios abiertos contra estos funcionarios de justicia (jueces despedidos) debe ser anulados y todos deben ser reincorporados de inmediato”, pide la organización en un comunicado.

De acuerdo con AI, “el sistema judicial está seriamente dañado debido al acoso por motivos políticos, como el sufrido por estos funcionarios” y agrega que un sistema judicial independiente es la piedra angular para la protección de los Derechos Humanos y para garantizar que todos, sin discriminación, tengan derecho a un debido proceso ante la ley.

La semana pasada la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, y el defensor público Osmán Fajardo Morel, fueron despedidos, según la Organización “bajo la preocupación de que ha sido por motivos políticos”.

Los cinco despedidos habían mostrado su desacuerdo con el golpe de Estado perpetrado contra Manuel Zelaya y expresaron sus preocupaciones por escrito, en los meses inmediatamente posteriores al derrocamiento del gobierno.

A pocos días del golpe de Estado, circuló por medios electrónicos un memorando firmado por la jefa de personal de la Corte Suprema hondureña Sandra Lizeth Rivera Gallo, en el que se obligaba a funcionarios y empleados a participar en manifestaciones a favor del golpe de Estado.

Amnistía Internacional cuestiona además, que “Jueces y funcionarios judiciales que participaron en manifestaciones durante el mismo período a favor del golpe de Estado, no se han enfrentado a procesos similares”.

De acuerdo con diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la Corte Suprema fue un actor clave en el golpe de estado del pasado 28 de junio de 2009, junto con otros operadores de justicia como el Fiscal General.

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