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Jueces despedidos por
la Corte Suprema
inician huelga de hambre

Red Morazánica de Información

Fotos: Defensores en Línea.

Tegucigalpa, 17 de mayo de 2010. Tres jueces y una magistrada, destituidos por la Corte Suprema de Justicia, han iniciado hoy una huelga de hambre en la Plaza la Merced de Tegucigalpa, por tiempo indefinido “hasta conseguir el adecentamiento del sistema judicial”, según lo expresado por los jueces en un comunicado.

La huelga la encabezan los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez, y la magistrada Tirza Flores Lanza quién se integrará el próximo miércoles por encontrarse fuera del país en este momento.

Los cuatro togados exigen que el “Estado de Honduras asuma su responsabilidad por todas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado” lo que implica el castigo para los responsables de los crímenes y la reparación de las victimas y sus familiares.

La Corte decidió el pasado 5 de mayo, la destitución de los cuatro jueces en huelga de hambre, por expresar de forma pública su rechazo a la participación del poder judicial en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Para los jueces, existe una situación de impunidad que “solo es posible revertirla si se produce una reorganización del sistema judicial, para lo cual es necesario que de inmediato se realice una profunda reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público” lo cual pasa por la revisión del marco legal, la organización interna y las actuaciones de sus actuales autoridades.

El comunicado entregado a los medios de comunicación, dejan establecido que la actual Corte Suprema de Justicia, “no reacciona ni actúa en tutela de los derechos de las víctimas”, por lo que la situación de la ciudadanía es “de indefensión… de impunidad y una marcada injusticia para las víctimas”.

Los jueces denuncian el hostigamiento y persecución de que han sido objeto, por las denuncias y por sustentar una oposición al golpe de Estado.

La protesta se instala justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, se encuentra de visita en el país para revisar la situación de los Derechos Humanos, después del golpe de Estado.

La magistrada Flores es acusada por la Corte Suprema de presentar un recurso de amparo a favor del Presidente Manuel Zelaya, después de su expulsión a Costa Rica por los militares que lo derrocaron, mientras que el juez López Lone, es acusado de participar en una manifestación a favor del derrocado presidente Zelaya.

De acuerdo con el abogado Fredin Funez, los hondureños “no nos podemos seguir engañando con una Corte Suprema que no garantiza las mínimas de un estado de derecho”.

La huelga es apoyada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que agrupa varias organizaciones de la sociedad civil, el Frente Reivindicador Democrático (frente de abogados), lo mismo que por organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras. (M. A.)

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JUECES SE DECLARAN
EN HUELGA DE HAMBRE

Por Karla Rivas*

Los jueces Luis Chévez y Guillermo Lopez acaban de comenzar una huelga de hambre en La Plaza la Merced, en Tegucigalpa.

Los jueces fueron despedidos la semana anterior, tras agotar un proceso ilegal por sus posiciones de defensa de la institucional y en contra del golpe de Estado del 28 de junio. Los huelgistas, también son miembros directivos de la Asociación de Jueces por la Democracia.

A los jueces les acompañan Pablo Munguía, Gerson Medina y José María Pineda miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, que nació hace dos años, justamente después de la Huelga de hambre contra la corrupción que iniciaron fiscales del Ministerio Público.

La huelga de hambre, se declara en momentos en que la magistrada Tirza Flores, también despedida la semana anterior, se encuentra en España, denunciando la falta de independencia del sistema judicial hondureño, que permite este tipo de ilegalidades contra operadores de justicia y sobre todo violenta el derecho del pueblo hondureño de contar con un poder judicial libre de intereses políticos.

A las 11 de la mañana, los huelgistas ofrecerán una conferencia de prensa.

*Departamento de Comunicaciones/Radio Progreso y ERIC-SJ.

Más
Defensores en Línea.

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HUELGA DE HAMBRE
CONTRA LA IMPUNIDAD

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) comparece, ante la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional, manifestando lo siguiente:

Los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia decidieron el pasado 05 de mayo, de forma arbitraria, despedir a los jueces Luis Alonzo Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios, Adán Guillermo López Lone, y a la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, a quienes se les iniciaron procesos disciplinarios por haber condenado el golpe de Estado y por asumir desde la jurisdicción resoluciones congruentes con la implementación de las garantías constitucionales y la protección de derechos humanos de decenas de personas detenidas durante las movilizaciones posteriores al rompimiento del orden constitucional.

Todos los jueces y la magistrada despedida son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, de ahí que este es un intento de las autoridades judiciales por desarticular este colectivo asociativo, además expresa su intolerancia a las libertades de expresión, de conciencia y de reunión de los(as) afectados(as).

Estos hechos de claro matiz político, y reñidos con cualquier justificación de orden jurídico, se inscriben en la profunda crisis que actualmente padece el sistema judicial en Honduras, en donde las garantías constitucionales son ilusorias y los derechos humanos una quimera, ante las constantes violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad.

Ante un sistema judicial que no reacciona ni actúa en tutela de los derechos de las víctimas, la situación de la ciudadanía es de indefensión, generando este resquebrajamiento institucional una situación de impunidad y de marcada injusticia para las víctimas.

En este marco de menosprecio por la legalidad, el Ministerio Publico se ha divorciado de su responsabilidad de investigar los ilícitos penales y es manifiesta su falta de responsabilidad para ejercer las acciones destinadas a la persecución y acusación de los responsables de las violaciones de derechos humanos, en particular los casos de miles de ciudadanos y ciudadanas que vieron afectados sus derechos en los días y meses posteriores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En cuanto al Poder Judicial, no está en discusión su falta de independencia e imparcialidad, en particular, por definir públicamente el golpe de Estado como una “sucesión constitucional”, y pretender con ello la legalidad del gobierno de facto que se instauró desde el 28 de junio. En estas condiciones, sus actuaciones han sido criticadas por su actitud dócil ante el poder político, al sobreseer o declarar sin méritos las escasas acusaciones que se han presentado en casos de violaciones de derechos humanos.

Este colapso de la institucionalidad en general y en particular del sistema judicial, es hoy en día el escenario en donde cobra fuerza la ilegalidad, la constante restricción de derechos de la ciudadanía, y donde se inscribe el clima de impunidad que impide que las víctimas gocen de su derecho de encontrar justicia.

Desde adentro del Poder Judicial, nosotros los jueces, juezas y magistrados(as) agrupados en nuestro colectivo asociativo, señalamos ayer y lo hacemos hoy, una vez más, esta situación de crisis, es por ello que hemos sido hostigados(as) y perseguidos(as) desde nuestra fundación, y por causa de nuestras denuncias y por sustentar una posición de oposición al golpe de Estado hemos sido despedidos(as), pero esto no nos doblega ni disminuye nuestra dignidad y responsabilidad por la defensa de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales.

Y en estas circunstancias de arbitrariedad en que se efectúan estos despidos y ante la ausencia de institucionalidad y de vigencia de garantías constitucionales, nuestra última alternativa para resistir estos actos autoritarios es declararnos en Huelga de Hambre por tiempo indefinido hasta conseguir el adecentamiento del sistema judicial.

Desde la fuerza de nuestros principios y valores democráticos, con nuestro sacrificio de privarnos de los alimentos y exponer nuestra propia vida, demandamos en esta Huelga de Hambre:

Que el Estado hondureño asuma su responsabilidad por todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado, lo que implica el castigo para todos los responsables de estos crímenes y la reparación de las víctimas y sus familiares. Siendo condición indispensable para que exista justicia, verdad y reparación, que las autoridades estatales se comprometan públicamente a desterrar el clima de impunidad que hoy hunde a nuestra sociedad.

La situación de impunidad únicamente es posible revertirla si se produce una reorganización de todo el sistema judicial, para lo cual es necesario que de inmediato se realice una profunda reforma del Poder Judicial y del Ministerio Publico, lo cual pasa necesariamente por la revisión del marco legal de estas instituciones, de su organización interna y de las actuaciones de sus autoridades.

Conforme a derecho, y por no existir causa ni justificación legal, los jueces y la magistrada despedidos, deben ser reintegrados de inmediato a sus funciones, sin menoscabo de su cargo y funciones.

Unidos a la ciudadanía y a los defensores y defensoras de derechos humanos clamamos con nuestro sacrificio y nuestra vida por que prevalezca la JUSTICIA y la DIGNIDAD sobre la impunidad

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo del 2010.

HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA IMPUNIDAD.

Junta Directiva Nacional
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

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SE DENUNCIA VIGILANCIA
Y PERSECUSIÓN CONTRA
DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
EN HONDURAS

Licenciado Andrés Pavón Murillo
Presidente Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
CODEH.

Yo, Leonel Casco Gutiérrez, mayor de edad, hondureño, casado, Procurador de los Derechos Humanos en Honduras, tarjeta de identidad 1807-1960-01412, con domicilio en el Barrio Reparto por Bajo, calle Santa Elena, Casa 2308, tel. 222-66-62. cel. 9892-6935 y actualmente desempeñándome como Coordinador Nacional del Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras, del Consejo Latinoamericano de Iglesias (OEDHCLAI), por este acto comparezco ante el CODEH, solicitando medidas de protección para mi persona y familia, ante el temor de sufrir un atentado o grave daño a mi integridad o vida personal, en consideración a la denuncia sobre los hechos siguientes.

PRIMERO: Tengo más de 30 años de trabajar por la defensa y protección de los derechos humanos en mi país, desde 1979, como miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Parroquia Católica de Olanchito, Yoro, de 1982 a 1990 como miembro voluntario y funcionario del CODEH, 1991 al 2007, como educador y procurador del COFADEH, Asesor Legal de ADROH, Director Ejecutivo de la C.T.N. y desde noviembre del 2009, como Coordinador del Observatorio Ecuménico de las Iglesias CLAI para los Derechos Humanos en Honduras, como una respuesta del movimiento ecuménico mundial frente a las graves violaciones a los derechos humanos, generadas por el Golpe de Estado Militar en contra del pueblo hondureño aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia Popular.

SEGUNDO: Resulta que el día jueves 13 de mayo, a eso de las 4:10 p.m., después de salir en mi vehículo de las instalaciones de la Comunidad Teológica de Honduras (CTEH), ubicada en la colonia La Era, calle principal frente a la Iglesia Cantico Nuevo, donde habíamos concluido una jornada de capacitación sobre el curso de Teología "DIOS ANTE EL GOLPE DE ESTADO", junto a estudiantes de teología y Pastores en Resistencia, al recorrer unos 30 metros hacia la salida al anillo periférico, note que dos individuos me seguían en una motocicleta, por lo que opte por reducir la velocidad para que pasaran, al llegar a la entrada del anillo, frente a las bodegas DECORA, me pare para que ellos pasaran, quienes se quedaron a unos 20 metros de distancia con la moto estacionada, al ver que no pasaban ingrese al anillo periférico ruta hacia Valle de Ángeles, siguiéndome los mismos. Por el espejo retrovisor note que ambos vestían camisetas color verde moteado, desteñido, como las que se venden en los mercados, cada uno con su respectivo casco y algo como una mochila. Durante la ruta, aceleraba y luego contenía la velocidad para que ellos pasaran tal como lo hacían otros vehículos, circulando siempre atrás de mi carro.

TERCERO: Cerca del desvió hacia la Colonia San Miguel a mano derecha, estaba un operativo policial con dos vehículos retenidos, por lo que pase muy lentamente, para identificarles mejor y pendiente si los policías me hacían alto y estacionarme. Al pasar del operativo tenia que tomar una decisión, continuar recto o tomar el desvió a la colonia San Miguel, por lo que haciendo un simulacro opte por lo último, continuando ellos tras mi persona. Al llegar a la segunda calle entrada a la San Miguel, vi que enfrente estaba un policía de la Preventiva, por lo que me estacione antes de doblar la esquina, para que ellos pasaran y mi susto fue ver que se estacionaron unos 20 metros atrás de mi vehículo y al rato al ver que no me movía, dieron la vuelta, regresando por la misma calle. En ningún momento note que portaran armas en la mano, pero si me preocupo la actitud anormal de darme seguimiento.

CUARTO: Al ver que se habían regresado, con precaución seguí la ruta a la colonia San Miguel, luego La Esperanza y el Boulevard Morazán hasta llegar a la colonia Palmira a la sede de la cafetería CINEFILIA, donde estaba invitado por Fundación Ebert para la exhibición del documental editado por Oscar Estrada sobre la masacre del Porvenir, Atlántida.

QUINTO: Considero que la anterior acción de vigilancia y persecución, tal ves tenían el propósito de intimidarme y chequear la ruta que utilizo para mi desplazamiento normal después de las horas de trabajo en el Observatorio Ecuménico de DDHH, lo que me ha obligado a tomar mis medidas de precaución y seguridad personal y familiar, en vista que desde que se produjo el Golpe de Estado hasta la fecha, nunca había chequeado o detectado vigilancia para mi persona, considerando que este acto se produce luego de que el once de mayo publicara un artículo sobre los 29 años de aniversario del CODEH, donde señalo algunos integrantes del 3-16, pudiendo ser un mensaje o represalia.

SEXTO: En función de prevenir una agresión o atentado en mi contra, tal como ha sucedido con otros compatriotas, que han sido asesinados, luego de actos sospechosos de vigilancia y persecución y aun de asaltos particulares y raros, como el practicado a la vivienda de la Rectora Administrativa de la Comunidad Teológica de Honduras (CTEH) Licenciada Noemí Madrid de Espinoza días atrás, aun en proceso de investigación policial, con todo respeto, autorizo y pido al CODEH, solicitar ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demás instancias competentes, medidas cautelares de protección para mi persona y familia. (Esposa Nelly Esperanza Zúniga Zúniga (47), hijos Roger Eduardo Casco Zúniga (19) Leonely Sarahi Casco Zúniga (15) y mi sobrino Oswald Anthony Zúniga Caballero (15).

Tegucigalpa, MDC 14 de mayo de 2010.

Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI.

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Codeh:
“Cuello de botella” impide solucionar conflicto en El Aguán

Falta de independencia judicial,
operadores de justicia
cómplices con terratenientes

Por Diana Canales
Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 17 Mayo 2010. Si persiste la “complicidad de operadores de justicia con los grandes terratenientes de la zona, la falta de transparencia e independencia en el sistema judicial continuará siendo un cuello de botella para solucionar los conflictos” de tierras en El Aguán, dice un informe del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

La lucha de los campesinos por recuperar sus tierras mediante demandas civiles no avanza, porque los tribunales las retrasan con “incidentes y excepciones dilatorias” y los casos tampoco tienen “ecos de justicia” en la Policía, la Fiscalía, entre Jueces y Magistrados, quienes “no permiten llegar al fondo del conflicto”, asegura el documento.

Los campesinos de las cooperativas: Despertar, San Esteban y La Trinidad Limitada, ubicadas en Trujillo, Colon, alegan que los representantes de René Morales, presidente de Oleo Palmas de Centroamérica, S.A. de C.V, les “arrebataron” sus tierras “con sobornos y falsificación de documentos.”

De igual modo, Miguel Facussé, “sobornó” a Arnulfo Mejía y a José María Rodríguez, para quitarle dos propiedades a la Cooperativa Agropecuaria San Isidro Limitada: una en Barrio San Isidro, ya recuperada por los campesinos, y otra de 784 hectáreas de palma africana a un kilometro del Centro de Tocoa, Colon.

Ambos sobornados, Mejía y Rodríguez, eran socios de la misma Cooperativa San Isidro y “dos meses después fueron asesinados”, hechos “acreditados plenamente” ante los tribunales de la República, revela el Codeh.

Los campesinos de esas cooperativas han sido acusados varias veces por el delito de usurpar tierras, pero han obtenido resoluciones favorables por existir “litigios pendiente sobre la propiedad”, sobreseyendo dichas causas al ámbito civil, según resoluciones judiciales de marzo y abril de 2010.

Razón por la que el apoderado legal de los campesinos solicitó “reposición y apelación subsidiaria”, acompañando copia de cuatro sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las que se ha concedido amparo a otras personas en casos similares a los de los campesinos.

Pero, la Juez de Letras de Trujillo, identificada como Karla, “ni siquiera leyó” lo que el apoderado legal le presentó y en “unos cuantos minutos” lo declaro sin lugar, aseveró el Codeh.

La Policía, el Ejército y la Dirección General de Investigación Criminalística (DGIC), “rodearon a los miembros de las tres cooperativas y mediante el uso de la fuerza policial, intimidación, sin identificarse, sin presentar la orden, sin leérselas, desalojaron brutalmente a los campesinos”, el miércoles 13 de mayo del 2010. Sin que haya ningún campesino imputado, y estando sobreseído los juicios contra ellos.

El personal del Codeh, luego de tres días de reunido con los campesinos de las cuatro cooperativas, informó sobre los hechos en un oficio enviado al jefe departamental de la Policía. Y le comunicó saber que la coordinadora de fiscales del Ministerio Publico de Tocoa, solicitó en oficio a la Policía, “suspender la orden de desalojo.”

Y también participó a ese jefe policial, en el mismo oficio, de las instrucciones enviadas por el Juez Supernumerario de Trujillo indicándoles que “este juicio se resolverá por la vía civil.”

El apoderado legal de la Jefatura departamental de policía respondió que la intención de la Fiscal “no tenía fuerza legal en tanto que no provenía de autoridad competente”, pero desconoció la orden del Juez Supernumerario.

Antecedentes

Los campesinos de la Cooperativa San Isidro interpusieron ante el Juzgado de Letras de Tocoa, dos demandas, una por “pago” y otra por “nulidad de instrumentos públicos”, contra la Exportadora del Atlántico S.A. de C.V, en mayo y junio de 2006, las que sólo fueron admitidas dos años y medio después y todavía están siendo sustanciadas.

Una demanda contra Oleo Palmas de Centroamérica por nulidad de instrumentos públicos en esos juicios, presentada por los campesinos, ante el Juzgado de Letras de Francisco Morazán en 1998, fue declarada con Lugar a Excepciones de Falta de Personalidad, en 2001, tres años después, debido a un poder defectuoso y por demanda al abogado que autorizó las escrituras.

Se interpuso de nuevo demandas ante el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, que fueron admitidas y están siendo ventiladas.