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PLENO DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DESPIDE DE FORMA
ARBITRARIA A DIRECTIVOS
DE LA ASOCIACION DE JUECES
POR LA DEMOCRACIA

Foto: El Heraldo.

La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.

La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.

Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.

Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.

Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.

Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:

1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.

2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.

San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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Padre Ismael Ruiz Director
de Radio Progreso de Honduras

"En Honduras no se están
dando las condiciones
para una salida al conflicto"

Bilbao. El padre Ismael Moreno está sufriendo en primera persona la creciente violencia que afecta a los periodistas hondureños. El sacerdote jesuita, director de Radio Progreso, compareció ayer ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para denunciar esta situación.

Siete periodistas muertos en menos de dos meses. ¿Qué hay detrás de estos ataques?
Se sitúa en la continuación de los dinamismos que se generaron con el golpe de Estado del 28 de junio. Es una amenaza a la libertad de expresión porque el Gobierno actual no tiene control de la situación. La violencia se le ha escapado de las manos y quienes más se están viendo afectados son aquellos que mantienen cierta independencia y postura crítica. Aquellos periodistas que cuestionan el golpe o presentan algún tipo de noticia relacionada con el crimen organizado se convierten en un objetivo. Ya tenemos siete muertos en menos de dos meses y hay al menos 12 comunicadores que están siendo amenazados de muerte. La violencia creciente está afectado también a otros sectores...

Hay al menos tres expresiones de esta violencia: el asesinato y amenazas a periodistas; el asesinato y amenazas a dirigentes intermedios del Frente Nacional de Resistencia o gente que se opuso al golpe; y las muertes crueles, brutales o masivas, como la muerte de seis jóvenes en la capital hace dos días. También han sido asesinadas familias enteras. En febrero, una muchacha que en agosto había sido violada por cuatro policías, de nuevo fue violada junto a su cuñada. Son expresiones en donde la muerte, la amenaza y la violación sexual se convierten en armas de guerra en el marco de un ambiente de violencia que está orientado a que haya una creciente ingobernabilidad para que varios grupos puedan operar con mayor impunidad.

¿Grupos del crimen organizado?
El crimen organizado está incrustado fuertemente en sectores de la Policía y, en ocasiones, con jefes policiales que han estado apostando fuertemente por el golpe de estado. Una cosa no es independiente de la otra.

Usted mismo está sufriendo amenazas. ¿Cómo comenzaron?
Radio Progreso es una emisora que se ha caracterizado por ser crítica. Y en un ambiente de alta polarización como la que tenemos, un pensamiento independiente es difícilmente aceptado por quienes están en el poder. Las amenazas vienen desde el mismo 28 de junio cuando la radio fue cerrada, pero después han aparecido pintadas las paredes de la radio por grupos extremistas de derecha. Y esto se ha acrecentado a raíz de la protección que hemos hecho de la muchacha que fue violada por policías. Se ha generado un ambiente de miedo y hemos tenido que tomar medidas como, por ejemplo, grabar la programación de ocho a once de la noche para no tener personas físicamente en la emisora a esas horas de mayor riesgo.

¿Está el Estado investigando estas amenazas y asesinatos?
El Gobierno expresa su compromiso de investigar, pero no hay ninguna investigación a fondo. Yo he presentado una denuncia a través de la fiscalía especial de los derechos humanos y todavía no he tenido información de que haya una investigación orientada a identificar de dónde vienen las amenazas.

¿Se necesita una intervención internacional en este asunto?
En el país no hay condiciones para una gobernanza que pueda llevar a una salida al conflicto. Nosotros proponemos que haya una investigación de todos aquellos crímenes y violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos diez meses, pero a través de una comisión de la verdad que esté bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas o de la OEA y que las investigaciones se basen en los informes que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o Amnistía Internacional. El país no puede salir adelante por sí solo.

El martes se instaló la Comisión de la Verdad acordada en los Acuerdos de San José. ¿Qué esperan de ella?
Nuestras perspectivas son bastante pesimistas, porque algunos de sus miembros están fuertemente vinculados con sectores responsables del golpe. Además, es una comisión de la verdad que se sitúa desde el interés del departamento de Estado de Estados Unidos de avalar el régimen político sin que haya investigaciones de fondo. Una comisión de la verdad así dará informes que avalen a este gobierno, completamente necesitado de reconocimiento internacional.

¿Qué debería hacer la comisión?
Tendría que dar unas recomendaciones de investigación y de un eventual proceso judicial a los responsables de los crímenes. Pero cómo podría el gobierno cumplir con estas recomendaciones si el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el que legitimó el golpe o cómo puede ser que el fiscal general de la república, que también avaló el golpe, trate de implementar estas recomendaciones. La comisión de la verdad tendría que estar unida a las renuncias del presidente de la Corte y del fiscal, pero también a la convocatoria de un consejo o asamblea que defina los puntos de un nuevo pacto social.

El Ejército participó activamente en el golpe, ¿Cuál es su papel ahora?
Hay una control y una participación en la dinámica de poder por parte del Ejército. Por poner un ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el que ostenta el cargo más alto dentro de las fuerzas armadas y que fue el que dio la orden de capturar a Manuel Zelaya, una vez que asumió el nuevo gobierno fue nombrado el jefe de todas las comunicaciones en el país.

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